Requero, a su llegada a la sede de los cursos de verano de la Universidad Complutense, indicó que cualquier convocatoria realizada "ya sea directamente por los antiguos miembros de Batasuna ya sea indirectamente por personas intermedias" es ilegal y no puede realizarse.

En este sentido, afirmó que no existe "ningún obstáculo ni ninguna dificultad" para prohibir este tipo de convocatorias y que a tal efecto se pueden utilizar "la vía penal o directamente la vía de la ejecución de la sentencia del Tribunal Supremo".

Además, subrayó que la Ley de Partidos "es muy clara", no sólo a la hora de ilegalizar un partido, sino también "para evitar cualquier tipo de fraude", es decir, "que no pudiese su actividad ser continuada por otras entidades ni por personas interpuestas".

En cuanto a la actividad y las reuniones mantenidas por dirigentes de Batasuna desde que ETA declaró el alto el fuego, Requero dijo que "a Batasuna se le ilegalizó porque se consideraba que era una ramificación del entramado de ETA", y por lo tanto, "no tiene mucho sentido que representantes políticos se siente a negociar" con ellos.

Para el vocal del CGPJ estos encuentros significan que "seestá reconociendo que Batasuna sigue existiendo y que siguen siendo unos actores más en la vida política del País Vasco".

"Batasuna es, hoy por hoy, irrecuperable, jamás ha renunciado a ETA y, en consecuencia, Batasuna sólo prodría renacer en el supuesto de que se extinguiese ETA como organización", aseguró Requero.

LEY DEL PODER JUDICIAL

Por otra parte, Requero señaló que la Ley Orgánica del Poder Judicial "no va a solventar nada" y fue más allá al decir que "lo oportuno" sería que la ley no se aprobase y que "lleguese a caducar como consecuencia de la disolución de las Cámaras".

Considera que el proyecto de reforma "crea un modelo federal de poder judicial" donde cada Comunidad Autónoma "va a poder organizar su propio poder judicial, y destacó que, a su entender, "esto es contrario a la Constitución".

Para Requero, se trata de "un proyecto de ley que hace saltar por los aires toda la previsión Constitucional", ya que la Carta Magna "fue clarísima a la hora de establecer el principio autonómico" y añadió que este principio se aplicó al poder ejecutivo, y al poder legislativo pero "no se quiso aplicar al poder judicial y eso ha sido una cuestión pacífica hasta hoy día".