Según informó el CGPJ, la ceremonia arrancará a las 12.00 horas en el Salón de Plenos del Tribunal Supremo y en ella intervendrán la presidenta del Alto Tribunal y del Consejo General del Poder Judicial (C GPJ), Isabel Perelló, y la fiscal general del Estado, Teresa Peramato. Pronunciarán sendos discursos ante los vocales del órgano de gobierno de los jueces y los presidentes de los Tribunales Superiores de Justicia, tras lo cual el jefe del Estado declarará abierto el curso judicial.

El artículo 181 de la Ley Orgánica del Poder Judicial establece que al inicio del Año Judicial se celebrará un acto solemne en el Supremo, en el que se presentarán la 'Memoria anual sobre el estado, funcionamiento y actividades de los Juzgados y Tribunales de Justicia' y la memoria de la Fiscalía General del Estado sobre su actividad.

Este año, este acto se celebra marcado por tres frentes abiertos: la condena del 'caso Mascarillas' y los procesos por corrupción que afectan al entorno socialista; el sumario de la Audiencia Nacional sobre la avalancha migratoria sobre Ceuta y el auto que ha dejado en suspenso la inscripción en el censo electoral de los nacionalizados por la 'ley de nietos'.

"HACEN POLÍTICA"

A la apertura está prevista la asistencia de la presidenta del Congreso, Francina Armengol; del presidente del Senado, Pedro Rollán; del presidente del Tribunal Constitucional, Cándido Conde-Pumpido; del ministro de la Presidencia, Justicia y Relaciones con las Cortes, Félix Bolaños; del líder del PP, Alberto Núñez Feijóo; y del Defensor del Pueblo, Ángel Gabilondo.

El acto se celebrará después de que el ministro de Transportes, Óscar Puente, se haya significado por sus críticas a algunos jueces. En una entrevista manifestó que Juan Carlos Peinado y otros magistrados son "casos claros de jueces que hacen política".

Puente también criticó que, en la sentencia del 'caso Mascarillas', se diera el "perdón" a Víctor de Aldama, en referencia a que se le impusiera una condena que le evitaba la cárcel por haber colaborado en la investigación del caso.

En esa misma causa sigue investigado el exsecretario de Organización socialista Santos Cerdán, mientras el instructor del 'caso Leire' estudia imputar al PSOE como persona jurídica por las facturas abonadas a los abogados vinculados a la presunta trama. El juez Juan Carlos Peinado, por su parte, envió al banquillo a Begoña Gómez, esposa del presidente, que será juzgada por un jurado popular.

DUDAR DE SU IMPARCIALIDAD

El segundo frente se abrió este verano en la Audiencia Nacional. La magistrada María Tardón instruye la causa por la entrada de más de 80.000 inmigrantes en Ceuta los pasados 30 y 31 de julio y ha reclamado informes a la Guardia Civil y a la Policía Nacional sobre el dispositivo desplegado, las operaciones de rescate y los avisos que las unidades hubieran podido recibir en los días previos.

Puente cuestionó en otra entrevista la neutralidad de la instructora. "Hasta la fecha, ha dado muestras de que se pueda dudar de su imparcialidad", afirmó el ministro, en alusión a la etapa de la magistrada como concejala del PP en Madrid. El Instituto Armado y la Policía Nacional trabajan bajo el secreto acordado por la jueza en esa investigación.

Asimismo, el titular de Interior, Fernando Grande-Marlaska, mantuvo días antes un cruce de cartas con Isabel Perelló por la negativa de la instructora a que los agentes trasladaran a sus superiores el informe policial sobre los sucesos. La presidenta del CGPJ reclamó "máximo respeto" a las decisiones de la magistrada. El propio Sánchez criticó esa actuación en el Pleno del Congreso.

El tercer frente estalló este martes, cuando la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Supremo suspendió cautelarmente la inscripción en el Censo Electoral de Residentes Ausentes (CERA) de quienes obtuvieron la nacionalidad por la 'ley de nietos', salvo que acrediten el exilio de sus familiares. El acuerdo, adoptado por cuatro votos contra uno, responde a los recursos de Vox y de Iustitia Europa.

A este respecto, Bolaños ha instado al Alto Tribunal a resolver el fondo "lo antes posible" y, en todo caso, antes de los procesos electorales de 2027, porque la medida "afecta al derecho a voto, lo más sagrado". El ministro sostuvo que "el Gobierno de España no comparte la posición del Tribunal Supremo", ya que a su juicio "supone suspender el derecho de voto de miles de españoles".