Ribera hizo esa consideración en declaraciones a los periodistas con motivo de la 12ª edición del Spain Investors Day, en Madrid.

Miles de agricultores y regantes, así como dirigentes políticos, patronales y sindicales, se concentraron este miércoles ante el Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico, en Madrid, para reclamar que se mantengan los caudales de transferencia de agua a través del trasvase entre el Tajo y el Segura, algo que no prevé el proyecto de plan hidrológico del Tajo entre 2022 y 2027.

La protesta, convocada por el Sindicato Central de Regantes del Acueducto Tajo-Segura (Scrats), congregó a la muchedumbre en un lateral de la plaza San Juan de la Cruz, que tuvo que ser cortada al tráfico de vehículos. Fuentes de la Policía Nacional apuntaron a Servimedia que “como mínimo” 6.000 personas acudieron a la manifestación.

“Nuestra obligación y el modo en el que actúa el Gobierno siempre es respetando el criterio de los técnicos sobre la base del mejor conocimiento científico y sobre el respeto a la ley europea y la ley nacional, y de ahí las sentencias con las que estábamos obligados a fijar un caudal ecológico para el Tajo, pero también tenemos una enorme sensibilidad desde el punto de vista social”, apuntó Ribera.

Subrayó que el Gobierno ha apostado por una aplicación gradual de esos caudales ecológicos del Tajo, en lugar de hacerlo “técnicamente desde el primer día”, para que se hagan inversiones que generen más agua adicional para el área levantina para que se garantice el agua doméstica y el de actividades económicas como la agricultura, por lo que trasladó un mensaje de “tranquilidad”.

CONSENSO

Ribera recalcó que el Tajo, que es el río más largo de España, no tiene fijado caudal ecológico y, por ello, cinco sentencias anulan el Plan Hidrológico del Tajo, cuya oficina técnica es la encargada de determinar los caudales ecológicos.

“En lugar de que ese caudal se aplique desde el primer día, desde ya, lo hemos retrasado, hemos ido proponiendo y esto concitó, afortunadamente, el respaldo de todas las partes interesadas, el que se pueda ir aplicando de manera gradual y no se llegue a esa cifra hasta el final del periodo, hasta 2027”, apostilló.

Ribera añadió al respecto: “Lo que no puede ser es poner en riesgo que eso se cumpla y decir que en 2025 ya veremos qué es lo que ocurre. Es verdad que esta ha sido una petición de algunas comunidades de usuarios, de algunas comunidades autónomas, pero es verdad que cuando se debatió este asunto en el Consejo Nacional del Agua esa petición fue rechazada”.

Por otro lado, Ribera defendió que los futuros planes hidrológicos contarán con más de 8.000 millones de inversión en infraestructuras, una cantidad inédita, lo que dará tiempo a “disponer de mucha más agua” y que las cuencas receptoras no dependan de “si llueve o no llueve en la cabecera del Tajo”.

“La ministra Tejerina tuvo que lidiar con una situación muy difícil. Desde junio de 2017 hasta marzo de 2018 se traspasó cero hectómetros cúbicos, no hubo nada de agua porque no se podía trasvasar agua porque no había llovido. Estábamos en una época de enorme sequía y era imposible. Por tanto, había dificultades para garantizar el agua de boca y el agua de regadío”, dijo.

Por ello, apuntó que el Gobierno apuesta por “recursos adicionales allí donde se necesitan” gracias a la desalación, la reutilización y la conexión entre desaladoras, además de que “el agua tenga un precio asequible” para los regantes.

“El agua desalada, que necesita energía, puede aprovechar los bajos costes energéticos de las energías renovables, será un agua que tendrá un precio que puedan afrontar los regantes y este es otro de los compromisos”, concluyó.