En declaraciones en Bruselas antes de asistir a una reunión de ministros de energía de la Unión Europea, Ribera afirmó que “un Estado democrático y de Derecho, cuando hace uso de intervenciones de teléfonos o de cualquier otra limitación de derechos fundamentales, debe contar con autorización judicial”.

“Lo que sabemos hoy es que claramente ha habido actuaciones que no corresponden a ese marco de derecho, y queremos operar con total transparencia”, añadió la ministra de Transición Ecológica y Reto Demográfico.

Según Ribera, el compromiso del Gobierno con la transparencia es “obvio”. Por eso, en los próximos días irá haciendo público lo que averigüe de lo revelado este lunes y de la revisión que se hará de casos parecidos de teléfonos de otros miembros del Ejecutivo.