En declaraciones a Servimedia, Ibarra explicó que la ampliación de la Lopivi aprobada este martes por el Consejo de Ministros incorpora medidas "propuestas por la Plataforma de Infancia en consulta pública", como "la creación de la figura del coordinador de bienestar de manera obligatoria en todos los centros de acogimiento residencial".

El Gobierno también ha incluido "el refuerzo del derecho a ser oído de los niños y niñas garantizándose para todos los niños, siempre que sea acorde a su interés superior, sin importar su edad ni su grado de madurez, adaptando la escucha a su desarrollo". Añadió que desde la Plataforma de Infancia esperan que estas medidas "puedan culminarse en su tramitación parlamentaria".

La reforma aprobada por el Gobierno establece que los menores deberán ser escuchados en cualquier procedimiento que les afecte, independientemente de su edad, y refuerza además el interés superior del menor y la protección frente al Síndrome de Alienación Parental (SAP).

Asimismo, contempla la creación de turnos de oficio especializados y el acceso a atención psicológica, social o jurídica con el consentimiento de un solo progenitor en casos de violencia.

QUE SE CUMPLAN LAS NORMAS

Sobre los próximos pasos de la norma, Ibarra señaló que ahora comienzan “los trámites de informes preceptivos y segunda vuelta del texto antes de trasladarse a las Cortes” y expresó su confianza en que durante ese proceso puedan incorporarse cuestiones que, a su juicio, todavía no aparecen recogidas en la reforma.

Entre ellas, destacó “establecer la obligación de la prueba preconstituida para todos los niños y no solo hasta los 14 años, como establece la ley actualmente”. Asimismo, subrayó que “sobre todo es importante avanzar en garantizar que lo que ya es legislación hoy en día se cumpla y desarrolle”, ya que, según indicó, “muchas de las cuestiones que aparecen recogidas en la Lopivi, las comunidades autónomas aún no las han desarrollado plenamente”.

En relación con la presencia de menores en espectáculos taurinos, Ibarra recordó que se trata de “una cuestión que ha recomendado en dos ocasiones el Comité de los Derechos del Niño de NNUU incluir en la legislación española”, aunque precisó que la Plataforma de Infancia todavía no ha podido acceder al texto aprobado por el Consejo de Ministros. “Aunque el Gobierno anunció su inclusión en la ampliación, no tenemos constancia de lo mismo”.