Esa es una de las principales conclusiones del estudio 'Condiciones de vida tras salir del Sistema de Protección en España', realizado por un equipo mixto de profesionales de la Universidad Complutense de Madrid (UCM) y Aldeas Infantiles SOS, cuya investigadora principal es la profesora de la Facultad de Psicología de la UCM Laura Vallejo-Slocker.

Según el informe, las personas jóvenes egresadas del sistema de protección son el colectivo con mayor riesgo de pobreza y exclusión social en España: "la tasa AROPE para las personas extuteladas en 2023 se sitúa en un 40,9%, siendo el dato más alto registrado en España desde que se iniciaron estas estadísticas, hace 20 años, superando el objetivo establecido por la Agenda 2030 (situado en un 21%)" y casi duplicando el riesgo existente para la población general, que se sitúa en el 24,5%.

Los jóvenes que salen del Sistema de Protección tienen mayores dificultades para desarrollarse, por encontrarse en el grupo de población de 16 a 29 años con mayor precariedad en la sociedad y por proceder de entornos considerados como vulnerables. "Es necesario que se reconozca a las personas jóvenes privadas del cuidado parental como un colectivo vulnerable. Asimismo, es importante desarrollar una planificación de la salida del sistema de protección al menos 2 años antes, y con los recursos necesarios, podría garantizarse que la transición a la vida adulta de los y las adolescentes sea más sostenible considerando su situación", señala el documento.

"Cumplir 18 años no significa estar preparado para afrontar en solitario una vivienda, un empleo, unos estudios y todas las responsabilidades de la vida adulta. Para estos jóvenes, la salida del Sistema de Protección debería ser el comienzo de un proceso de acompañamiento, no el final del apoyo", señaló la autora principal del informe, Laura Vallejo-Slocker.

La investigación revela también que en el 59,1% de los casos se consigue romper la transmisión intergeneracional de la pobreza cuando existen apoyos adecuados.

Este dato muestra que haber pasado por el Sistema de Protección no determina el futuro de una persona si esos jóvenes cuentan con recursos.

VIVIENDA

El estudio destaca también otro dato relevante: las personas que salen del Sistema de Protección tienen que emanciparse, de media, 12,4 años antes que el conjunto de la población española. Mientras la edad media de emancipación se sitúa en torno a los 30 años, estos jóvenes comienzan a enfrentarse a la independencia desde los 18, sin una red de apoyo a la que recurrir para afrontar un alquiler, un periodo de desempleo, una matrícula universitaria o una emergencia económica.

De este modo, el estudio plantea extender el apoyo a estos jóvenes, al menos, hasta los 25 años. El informe propone también medidas como un banco específico de viviendas, avales de las Administraciones Públicas para facilitar el acceso a la primera vivienda y alquileres asequibles para jóvenes extutelados.

También reclama que estos jóvenes puedan continuar estudiando si así lo desean. La necesidad de conseguir ingresos puede obligarles a trabajar en lugar de cursar estudios universitarios o de larga duración, reduciendo sus oportunidades futuras, advierten los autores del estudio. Por ello, el estudio plantea combinar los programas de inserción laboral con ayudas económicas que permitan acceder a estudios superiores.

El estudio revela además que 26.934 personas menores de 26 años que han pasado por acogimiento residencial no están contempladas de manera específica en las estadísticas públicas. Una invisibilidad que dificulta conocer qué ocurre con ellas después de abandonar el sistema. "Lo que no se mide corre el riesgo de no existir para las políticas públicas. Necesitamos saber qué ocurre con estos jóvenes después de los 18 años, cómo viven, dónde trabajan, si estudian, si tienen una vivienda estable y qué apoyos necesitan", apuntó la investigadora.