"Tiene que pensar que se trata de personas que sufren, muchos de ellos catalanes". aseguró en una entrevista en Televisión Española, en la que indicó que en torno a 12.000 o 13.000 personas, según el dato de la Generalitat de Cataluña, podrían ser desahuciados si este decreto no se aprueba.

La ministra, quien defendió que prioridad es "atender a la gente", recordó que el Consejo de Ministros aprobó, a propuesta de su Ministerio, 300 millones de euros a financiar avales para propietarios que sufran impagos.

Además, apeló al acuerdo y "sacar la polarización" de la vivienda y aseguró que van a trabajar con "todos los grupos" para resolver la crisis de asequibilidad.

LLAMAMIENTO A LAS AUTONOMÍAS

Por otra parte, la ministra hizo un llamamiento al resto de las administraciones públicas a "no inhibirse" de los problemas de asequibilidad de la vivienda y apeló a los servicios sociales a proteger a estos inquilinos que podrían ser desahuciados. "No nos cuestionamos que las comunidades autónomas tengan que atender la escolarización de nuestros hijos o que si nos ponemos enfermos nos atiendan en centros de salud", explicó Rodríguez, quien recordó que, en un contexto de competencias transferidas, han de ser las comunidades las que atiendan el derecho a la vivienda.

"El derecho a la vivienda no es un derecho de segunda. Nosotros, desde el Gobierno, apoyamos, incentivamos, ponemos a disposición los recursos económicos para que se construyan más viviendas y recursos y herramientas para acabar con la especulación", aseveró.

LEY DE VIVIENDA

Preguntada sobre las causas de la crisis de acceso a la vivienda, la ministra explicó que durante años, España "no se tomó en serio" su labor como garante del derecho a la vivienda. "Tenemos menos vivienda social que alojamientos turísticos", lamentó Rodríguez, quien explicó que en el último año se ha vivido un incremento en la vivienda protegida de casi un punto y se ha duplicado la construcción de vivienda protegida.

También defendió las herramientas desplegadas en la Ley de Vivienda, cuya aplicación de las Zonas Tensionadas depende de las comunidades autónomas. "Me llevan los demonios que tengamos una herramienta que en Cataluña está permitiendo congelar los precios del alquiler, y que, sin embargo, tengamos situaciones como la que nos encontramos en la Comunidad de Madrid, donde el precio del alquiler está subiendo a ritmos de dos dígitos", lamentó.

Por último, aseguró que cuando habla con los consejeros autonómicos o con los distintos agentes del sector inmobiliarios muchos de ellos coinciden en el diagnóstico y en la importancia de desplegar herramientas como la protección permanente del parque público de vivienda o los mecanismo de congelación de rentas.