Esta licitación, explicó Rodríguez durante su intervención en la Comisión de Vivienda y Agenda Urbana del Congreso de los Diputados, incluirá los suelos con carácter urbano finalista, las ayudas públicas y la financiación. En dicha licitación también quedará fijado el precio del alquiler, que será en régimen de asequibilidad.

La ministra, quien intervino en la Comisión de Vivienda del Congreso tras una solicitud de comparecencia reclamada este martes por el Partido Popular para dar cuenta de las actuaciones y aprobada este martes por la Diputación Permanente, recordó que estas 2.800 viviendas se incorporan a las 1.600 viviendas ya licitadas por esta entidad de reciente creación a lo largo de 2025.

Por otra parte, Rodríguez también anunció que el Consejo Rector de Casa 47 aprobará esta semana empezar a realizar compras de inmuebles a particulares para que estas se incorporen al parque público de vivienda. En concreto, el Ministerio ha dispuesto una partida de 100 millones de euros para abordar estas compras. Por otra parte, la ministra recordó que Casa 47, tras haber adjudicado el diseño y la gestión de su portal ciudadano, irá publicando cada trimestre nuevos lotes de vivienda en el portal inmobiliario.

CAMBIO DE PARADIGMA

La ministra, quien realizó una recopilación de las últimas acciones tomadas por su Ministerio, aseguró que cada día trabaja con el objetivo de garantizar para todos el derecho de acceso a una vivienda. "Si algo hemos aprendido en estos 47 años de democracia es que los derechos solo se garantizan desde lo público", aseveró, a la vez que defendió que trabaja en el diseño de políticas públicas mediante el diálogo y la colaboración con el resto de administraciones competentes, así como con los agentes del sector y de la sociedad civil. En este sentido, defendió que la actuación de su Ministerio se estructura en tres ejes: ampliar el parque público de vivienda, regular y ayudar a aquellos que lo necesitan mientras se edifica el "cambio estructural".

"Los recursos públicos deben destinarse a vivienda asequible y no medirse en términos de rentabilidad económica, sino por su impacto en la vida de las personas. La inversión pública debe priorizar el acceso a una vivienda digna y asequible y la mejora de nuestros barrios, pueblos y ciudades", señaló Rodríguez, quien indicó que para alcanzar este objetivo es necesaria una visión "a medio y largo plazo" que "trascienda los ciclos electorales".

Respecto al parque público de vivienda, la ministra defendió que España está pagando las consecuencias de unas políticas públicas "insuficiente, fragmentada y excesivamente dependiente del mercado". "El resultado ha sido un parque público reducido, precios tensionados y una creciente inseguridad residencial", lamentó Rodríguez, quien aseveró que la aprobación de la Ley de Vivienda y la creación del Ministerio "han corregido esta anomalía histórica", de tal forma España posee ya un marco jurídico que permite "actuar con mayor determinación" y "recuperar un papel activo del Estado".

La ministra apoyó esta afirmación recordando que desde 2018 se han destinado 23.000 millones de euros a políticas públicas de vivienda, en su mayoría transferidos a las comunidades autónomas, lo que supone 8.000 millones más que en la etapa anterior. Asimismo, indicó que la licitación pública ha superado los 4.100 millones de euros en estos años, más de tres veces que en el periodo anterior.

En materia de construcción, afirmó que se ha duplicado el ritmo de inicio y finalización de vivienda protegida respecto a 2018. "Entre 2024 y 2025, el 20 % de las viviendas iniciadas son protegidas. Se han calificado más de 102.000 viviendas protegidas, casi el doble que en las tres legislaturas anteriores, y solo en los dos años de existencia del Ministerio se han calificado más viviendas protegidas que en todo el primer mandato anterior", explicó.

También señaló que este impulso inversor también ha fortalecido al sector de la construcción. En concreto, indicó que hoy se terminan tantas viviendas como en 2011 y se inician tantas como en 2009 y recordó que la licitación de vivienda público esperó los 900 millones de euros entre enero y noviembre de 2025, un 44 % más que el año anterior. "Uno de cada diez empleos creados en el último año pertenece a este sector, recuperando 250.000 trabajadores y trabajadoras", señaló.

MORATORIA ANTIDESAHUCIOS

Respecto al alquiler, la ministra defendió que el alquiler ha aumentado un 45 % desde 2018, lo que ha hecho que el precio del alquiler aumente exponencialmente. En este sentido, defendió la eficacia de instrumentos como la declaración de zonas de mercado tensionado está funcionando y puso el ejemplo de Navarra, donde los precios han bajado un 8,6%. Asimismo, defendió la regulación de los alquileres de temporada y por habitaciones que el Congreso votará este febrero. "Los alojamientos de temporada son necesarios para estudiantes y para trabajadores que se desplazan. Dan respuesta a una necesidad, pero lo que no pueden ser es la coartada para especular y desproteger a la ciudadanía", señaló Rodríguez.

"Espero poder contar con el apoyo del Parlamento para sacar adelante la regulación de este tipo de alquiler para combatir el fraude que se está produciendo. Y cuando digo espero contar con el Parlamento, espero contar con todos ustedes, con todos los grupos", señaló.

Por último, Rodríguez lamentó que el Congreso rechazase este martes el 'decreto Omnibús' que incluía, entre otras medidas, el escudo social que impedía los desahucios de personas en situación de vulnerabilidad. "Lamento que quienes han votado que no a esta regulación lo hagan con argumentos que no se corresponden con la verdad". "Voten lo que quieran, pero no argumenten con falacias, con demagogia y metiendo el miedo a la gente. Este escudo es para proteger y aquí en la protección tenemos que estar todas las administraciones públicas", aseveró Rodríguez, quien afirmó que cualquier persona puede caer en esta situación.