"Incluso les diría: si ustedes no quieren asumir esa competencia, yo estoy dispuesta a asumirla. Pero no puedo obviar que vivimos en un Estado democrático y constitucional, donde cada una de las administraciones públicas tiene sus propias responsabilidades", aseguró la ministra durante una entrevista en TVE.

La ministra defendió que, gracias a las zonas tensionadas, en la Comunidad Foral de Navarra han descendido los precios un 8,5% en el último año. "Eso no pasa en Madrid o en Andalucía porque el PP no quiere. En Zaragoza no pasa porque Azcón no quiere", aseveró.

NO MIRAR PARA OTRO LADO

Por otra parte, Rodríguez también apeló a los ayuntamientos y les pidió "no mirar para otro lado" a la hora de aplicar la normativa para clausurar los alojamientos turísticos ilegales. "Gracias a la aplicación de la normativa europeo y la adopción de un reglamento hemos descubierto la existencia de 87.000 viviendas turísticas ilegales. Con esas 87.000 viviendas, que podrían destinarse a uso residencial, estaríamos dando respuesta a las personas que necesitan ese escudo social", explicó la ministra.

En este sentido, ejemplificó su indignación citando los ejemplos de Madrid y Andalucía. En el caso de Madrid, aseveró que, a pesar de que existen 15.000 viviendas turísticas ilegales que "no solo están dañando el derecho de acceso a la vivienda, sino también la convivencia", el consistorio capitalino, institución encargada de cerrar estas viviendas, no lo está haciendo.

Respecto a Andalucía, denunció que el Gobierno de Juan Manuel Moreno Bonilla, en vez de analizar cómo orientar las viviendas vacacionales hacia un uso residencial, ha establecido un recurso contencioso‑administrativo ante la Audiencia Nacional. "Recientemente han recibido un varapalo por parte de las instituciones europeas, que les obliga a acogerse a la normativa estatal", explicó Rodríguez.