Así lo afirmó Rodríguez en la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros, que aprobó un real decreto-ley específico para reforzar la estabilidad de los contratos de arrendamiento de vivienda habitual mediante su renovación automática, con determinadas salvaguardas.

La ministra explicó que el Gobierno lleva tiempo trabajando en la posibilidad de avanzar hacia contratos de mayor duración y señaló que se ha inspirado en modelos de otros países europeos. No obstante, advirtió de que estos cuentan con parques públicos de alquiler más amplios que permiten “manejar mejor estos cambios normativos”.

En este sentido, aseguró que el Ejecutivo ya ha comenzado a transformar el sistema mediante Casa 47, donde, según explicó, los contratos de las viviendas públicas pueden alcanzar hasta 75 años de vigencia.

Rodríguez defendió trasladar progresivamente esa estabilidad al conjunto del mercado del alquiler. “Queremos que también consigamos dar esa estabilidad al mercado del alquiler para que vivir de alquiler no sea vivir de segunda, para que vivir de alquiler no sea vivir en vilo, para que vivir de alquiler también sea vivir tranquilo”, afirmó.

La titular de Vivienda reconoció, no obstante, que este segundo decreto no ha podido negociarse con los grupos parlamentarios con el mismo tiempo y profundidad que el resto de medidas aprobadas este martes, pero confió en conseguir ahora los apoyos necesarios para su convalidación en el Congreso.

DOS DECRETOS

El Consejo de Ministros aprobó finalmente dos reales decretos-ley en materia de vivienda después de las negociaciones mantenidas entre PSOE y Sumar.

El primero recoge las medidas negociadas con los grupos parlamentarios para facilitar su posterior convalidación. Entre ellas figuran la ampliación de la protección frente a los desahucios hasta 2030, la regulación de los alquileres de temporada y por habitaciones, la prohibición temporal de determinadas compras por parte de fondos de inversión y una prórroga de dos años para contratos en vigor que finalicen antes del 31 de diciembre de 2028.

En un segundo decreto quedó la renovación automática de los contratos de alquiler acordada entre PSOE y Sumar, una medida reclamada por el socio minoritario y las organizaciones de inquilinos que parte con mayores dificultades para reunir los apoyos suficientes en el Congreso.