Así lo afirmó durante una entrevista concedida este lunes en RNE en la que indicó que el Gobierno no tiene aún los apoyos suficientes para sacar adelante esta medida en el Congreso, aunque señaló que "todavía hay tiempo" para que los grupos que van a votar en contra reconsideren su posición.

Preguntada por el hecho de que sea el ministro de Consumo, Pablo Bustinduy, el que va a defender esta propuesta ante el Congreso, afirmó que se debe a que la parte socialista del Gobierno siempre ha tenido dudas de que esto pudiese ser convalidado por el Parlamento, frente a esperanza de Bustinduy y de Sumar de desequilibrar el tablero político hacia una mayoría suficiente. "Es una cuestión de honestidad con la ciudadanía, tiene que saber de que va cada uno. El mayor inconveniente que yo mostraba es que no dan los votos", señaló.

NUEVO ESCENARIO JURÍDICO

Preguntada sobre lo qué va a pasar con aquellos que solicitaron a su inquilino una prórroga, Rodríguez afirmó que se trata de una cuestión "inédita e inexplorada desde el punto de vista jurídico", pero no se atrevió a confirmar si estos inquilinos se van a beneficiar de esta prórroga, tal y como sostienen desde Sumar. "Lo que se abre es una expectativa de valoración jurídica y yo lo que espero es que la justicia se posicione en favor al derecho a la vivienda", señaló.

Asimismo, la ministra apeló al Partido Popular, por ser el principal partido de la oposición y por gobernar en la mayoría de las comunidades autónomas. "En políticas de vivienda el Partido Popular no está en la oposición, por más que pueda parecer por su inacción. Está en el gobierno en muchas comunidades autónomas que tienen encomendadas competencias exclusivas para dar respuesta a este problema", aseveró Rodríguez.

PLAN ESTATAL

Respecto a una previsible falta de apoyo de las Comunidades gobernadas por el Partido Popular al Plan Estatal de Vivienda, que fue aprobado la semana pasada -queda pendiente una sectorial de vivienda tras las elecciones en Andalucía para repartir los fondos entre cada comunidad autónoma- dudó de que las autonomías presididas por el PP se vayan a atrever a rechazar importes tan elevados como los 1.000 millones que tendría que recibir Madrid y los 1.200 que recibiría Andalucía. "¿Cómo se van a atrever a rechazar esas cuantías para una política sobre la que, además, tienen obligatoriamente que ejercer su competencia?", se preguntó Rodríguez.

En relación a Andalucía, Rodríguez entró en campaña y recordó que en ciudades como Málaga hay 24.000 pisos turísticos "ilegales" que no han sido cerrados por la "inacción" de la Junta de Andalucía. Asimismo, acusó al Gobierno de Moreno Bonilla de "mirar para otro lado" frente al fenómeno de compras de vivienda por parte de extranjeros no residentes para especular -en localidades de la Costa del Sol, casi el 50% de las compras están protagonizadas por extanjeros- y lamentó que la Junta de Andalucía eliminase el registro de demandantes de vivienda. "Las urnas son una oportunidad maravillosa y ahora están puestas en Andalucía para que la ciudadanía lleve allí su reivindicación por el derecho a la vivienda", sentenció Rodríguez.