Así lo indicó en una interpelación urgente realizada por el diputado de Vox Carlos Hernández Quero, que le reclamó medidas para que los españoles vayan siempre primero a la hora de comprar, alquilar o recibir una vivienda social.

Rodríguez señaló que el “patriotismo” de Vox consiste en “señalar a los migrantes como chivo expiatorio” del problema de la vivienda y reconoció que tiene “mucho interés” en conocer la letra pequeña de la ‘prioridad nacional’ en materia de vivienda, importada, según la ministra “para dividir, enfrentar y señalar”.

“Creo que es cuestionable jurídicamente, pero, sobre todo, creo con firmeza que es moralmente indecente y socialmente irresponsable, porque cuando se introduce el criterio de exclusión por origen, lo que se está haciendo no es proponer soluciones, sino generar conflicto”, indicó sobre la medida.

Asimismo, apuntó que la prioridad nacional “no protege a nadie, lo que hace es debilitar el sistema” y criticó que la norma vaya en contra de la Constitución, los valores democráticos y la realidad social de España y la Unión Europea.

DEMANDA DE MANO DE OBRA

En su defensa de la inmigración, Rodríguez recordó que para construir vivienda se necesita un sector de la construcción fuerte y apuntó que una de las principales demandas de la patronal de la construcción es la necesidad de 700.000 nuevos empleos para poder abordar toda las obras necesarias.

En ese sentido, señaló que la patronal está a favor de la regularización de las personas migrantes que está llevando a cabo el Ejecutivo. “Yo quiero que esos trabajadores que contribuyen a levantar esas viviendas sean también beneficiarios de un techo en España”, defendió.

PETICIONES A PP Y VOX

Como viene haciendo en los últimos meses de manera recurrente, la ministra reclamó a PP y Vox que ejerzan sus competencias en materia de vivienda en las comunidades autónomas donde gobiernan en coalición.

De hecho, le recordó a Hernández Quero que su partido tuvo las competencias de Vivienda en la Región de Murcia, pero que, en manos de un consejero “inepto”, solo licitaron cinco viviendas cuando tenían presupuesto para construir 400.

La ministra pidió a las comunidades autónomas que persigan los pisos turísticos ilegales, introduzcan controles al precio del alquiler o persigan el alquiler fraudulento de temporada.

“A mí me encantaría tener todas esas competencias, pero respeto el marco constitucional y lo ejerzo con la máxima determinación”, indicó, añadiendo que “esto no va de soflamas y mucho menos de excusas racistas para no abordar la realidad y dar la respuesta que precisa el problema de la vivienda”.