Asimismo, también indicó que, en el año móvil -de junio a julio- las licencias de obra de vivienda protegida se han incrementado en un 61% y ya totalizan un valor superior a los 1000 millones de euros.

"La máquina ha empezado y vamos a a ir poco a poco avanzando para alcanzar el horizonte del 8% de viviendas con algún tipo de protección pública, asimilable a los estándares europeos", aclaró la ministra en una entrevista en el foro Vivienda, de la emergencia al derecho', organizado por el diario digital Infolibre junto al propio Ministerio de Vivienda y Agenda Urbana.

En su intervención, Rodríguez afirmó que el próximo Plan Estatal de Vivienda 2026-2030, cuyo fin principal es aumentar el parque de vivienda pública y protegida y consolidar la vivienda accesible como un derecho, es un plan edificado en base a "objetivos" y "cambia el menú a la carta del que hasta ahora disponían las comunidades autónomas", ya que considera que estas, hasta ahora, trabajaban sin dar "ningún tipo de explicaciones".

EL DERECHO DESDE LO PÚBLICO

En su intervención, Rodríguez apeló a que el ministerio trabaja para consolidar el derecho a la vivienda, que aparece reflejado en la Constitución Española, desde la intervención pública. "El derecho no lo pueden asegurar ni los promotores ni la banca, aunque tendrán que contribuir. El derecho lo tenemos que consolidar desde lo público, como consolidamos la educación, la sanidad, la dependencia o las pensiones", explicó.

Para ello, desde el Ministerio están trabajando en la adopción de medidas como el Plan Estatal de Vivienda que, entre otras cosas, prohíbe desamortizar las viviendas construidas con los fondos aportados por este plan. "Sobre este asunto no me he encontrado un rechazo formal de las comunidades autónomas, algún movimiento en la silla pero poco más", señaló.

Por último, Rodríguez explicó que trabajan para que nadie tenga que destinar más del 30% de sus ingresos a financiar su vivienda. Para ello, señaló, han analizado la renta media de las familias en cada código censal de tal manera que en los acuerdos con promotores para la construcción de viviendas protegidas se establece que las viviendas jamás podrán superar ese umbral.