Así lo afirmó en una entrevista en RAC 1 en la que admitió que la Ley de Vivienda posee una brecha mediante la cuál muchas viviendas se están desplazando del alquiler tradicional a otras modalidades como el alquiler turístico, de temporada o por habitaciones. "Estamos buscando la manera de perseguir ese fraude. Pero lo cierto es que en Cataluña, que es la única comunidad donde se aplica la Ley de Vivienda de forma plena, hay 25.000 contratos más de alquiler que antes de que entrasen en vigor las zonas de mercado tensionado", destacó.

Rodríguez, quien se jactó de que la Generalitat de Catalunya haya sido capaz de poner un 'torniquete' al mercado del alquiler en Cataluña, aseguró que el siguiente paso es edificar un parque público de vivienda asequible suficiente como para descompresionar el mercado libre y bajar los precios.

JUNTS

Durante la entrevista, Rodríguez apeló directamente a Junts per Catalunya, quien en anteriores ocasiones ha unido sus votos a los de PP y VOX para tumbar iniciativas y Reales Decretos promovidos por su Ministerio. En su intervención aseguró que la formación presidida por Carles Puigdemont, con sus decisiones "complica la existencia a las administraciones públicas que tienen que atender a personas vulnerables".

También le recordó a la formación nacionalista que en Cataluña, al igual que en el resto de España, "existe un grave problema de acceso a la vivienda". "Las personas que lo sufren no están pensando cada día en el voto, sino en cómo pagar el alquiler, cómo acceder a una vivienda y cómo garantizar estabilidad a sus hijos", destacó Rodríguez, quien afirmó que todas las medidas que el Gobierno impulsa van orientadas a dar respuesta a estas preocupaciones.

REGULACIÓN

Por otra parte, Rodríguez destacó la importancia de que la sociedad civil se organice y luche contra los desmanes y los abusos inmobiliarios. También señaló la importancia de la regulación para frenar los abusos inmobiliarios.

Preguntada por si es legal que los portales inmobiliarios publiciten anuncios en los que se alquilan espacios como trasteros o cuartos de escobas como si fuesen viviendas, aseguró que eso no es legal y aseguró que cuando se transponga de forma plena la Ley Europea de Servicios Digitales, la Administración podrá ser más contundente contra las plataformas que anuncian este tipo de receptáculos como si fuesen viviendas. "Lo que se considera una vivienda está claramente delimitado por el Código Técnico de Edificación y las cédulas de habitabilidad que conceden los ayuntamientos", aseveró Rodríguez.

IMPUESTOS

Interrogada sobre si el Gobierno plantea bajar los impuestos a la vivienda para reducir su precio, tal y como exigen algunos partidos de la oposición, Rodríguez recordó que los impuestos sirven para financiar la construcción del Parque de Vivienda Pública. "Hemos multiplicado por ocho nuestros presupuestos y vamos a invertir otros 7.000 millones en los próximos años", explicó Rodríguez, quien afirmó que desde el Gobierno se apuesta por la via de la ayudapresente el límite del coste para la ciudadanía.

En este sentido, explicó que durante mucho tiempo, cuando se construía vivienda pública, el enfoque se centraba en el coste para el promotor o el constructor, ajustando sus márgenes de beneficio para así obtener un precio diferenciado respecto al mercado libre, que podía ofrecer mayores beneficios al constructor. "Nosotros estamos cambiando ese paradigma, y Casa 47 es un ejemplo de ello", señaló la ministra, quien explicó que tiene que ser el Estado el garante de ofrecer vivienda a un precio razonable, más allá de que suba o baje el precio de los materiales de edificación.

Por otra parte, también denunció que el PP no esté conforme con dotar de carácter permanente las viviendas construidas con fondos públicos y criticó que haya administraciones, como el Ayuntamiento de Sevilla, que esté construyendo viviendas de promoción pública cuyo precio se eleva hasta los 350.000 euros. "Además, solo va a estar protegida durante 7 años. Es decir, a los 7 años el paisano que la compre, podrá venderla por 700.000 euros y nos habremos desprendido ese valor público que tenía esa vivienda", lamentó Rodríguez.