La prisión sin fianza contra De la Rosa será recurrida entre hoy y el viernes por su abogado, Joan Piqué Vidal, ya que el plazo legal para poder presentar el recurso es de tres días a partir de la notificación, según explicó hoy Miguel Capuz, miembro del despacho de Piqué.

El escrito judicial se refiere a cuatro hecho con indicios racionales de criminalidad en operaciones de Grand Tibidabo, sociedad que De la Rosa abndonó en mayo de este año, y se centra en las presuntas irregularidades denunciadas por los pequeños accionistas y los posibles perjuicios causados, que el fiscal estima en unos 7.000 millones de pesetas.

El auto no menciona el supuesto uso irregular de 1.000 de los 10.000 millones del aval concedido por la Generalitat para Grand Península, promotora del parque Tibigardens (ahora Port Aventura), aunque el juez interrogó ayer al financiero sobre este aval y sobre las operaciones de varias sociedades liadas a él, añadieron las mismas fuentes.

El texto incluye los cargos de apropiación indebida y falsedad en documento mercantil, ambas de carácter continuado, pero no el de estafa, aunque podría deducirse de las investigaciones que todavía siguen bajo secreto de sumario que decretó el juez instructor ayer.

La medida de prisión incondicional contra Javier de la Rosa se basa en tres razones: la gran alarma social generada por el caso, el hecho de que los delitos imputados pueden comportar penas de pisión mayor (de 6 a 12 años) y la posibilidad de que el acusado pudiera eludir la justicia y fugarse al disponer de numerosos recursos económicos.

El juez no tiene previsto modificar el auto de prisión a corto plazo, aunque no descrata volver a interrogar al empresario en las próximas horas.

La documentación recogida en soportes informáticos incautados en los diversos registros efectuados en 7 sociedades relacionadas con De la Rosa fue trasladada hoy al Juzgado de instrucción nñumero 1 de Barceloa, mientras funcionarios y técnicos del Banco de España la analizan.

Las diligencias sobre el caso también incluirán indagaciones sobre el proceso de creación de Grand Tibidabo a partir de la fusión de las sociedades tibidabo y Consorcio Nacional de Leasing.

Por su parte, el teniente fiscal de Cataluña, José María Mena, justificó hoy la decisión del juez de decretar secreto de sumario como un medio para contrarrestar la ventaja con la que cuentan los delincuentes.

Según Mena, la Ley de Enjuiiamiento Criminal considera que los delincuentes se han tomado una ventaja al cometer un delito, y "la sociedad tiene el mismo derecho a que nos pongamos al mismo nivel que los autores para poderles perseguir".