Dicha ley, conocida como Ley de Salud Laboral, contempla la posibilidad de que un trabajador pueda paralizar un proceso productivo "abandonar o interrumpir" su actividad si considera que existe riesgo inminente para su salud "siempre que no pueda ponerse en conacto con un superior inmediato". Esta misma facultad se reconoce también al comité de empresa.

En declaraciones a Servimedia, el director del Instituto Nacional de Seguridad e Higiene, Javier Gómez-Hortigüela, destacó el caracter preventivo de la ley que obligará a los empresarios a evaluar los posibles riesgos en el trabajo.

A su juicio, los empresarios tendrán que planificar la prevención y garantizar el trabajo en condiciones adecuadas. Para ello, en la ley se establece la creación de una Fundción que formará e informará sobre las prioridades para el cumplimiento de la norma: "El empresario deberá asumir el concepto moderno de la calidad de un producto y de un equipo".

La Ley de Salud Laboral entra en vigor con mucho retraso al sufrir considerables modificaciones y peripecias. Así, el anteproyecto fue rechazado varias veces por la Comisión de subsecretarios y tras unas largas negociaciones con los sindicatos se logró el consenso social.

Una vez en el Parlamento, el PSOE tuvo que ceder a última hora, con las exigencias de CiU y PNV que pedían la creación de Fundaciones de ámbito autonómico, para que entrase en vigor en la presente legislatura.

Por su parte, el secretario general de CC.OO., Antonio Gutierrez, anunció ayer que UGT y Comisiones pondrán en marcha, a partir del lunes dia 12, una campaña unitaria para el desarrollo de la ley en todas los centros de trabajo y para la elección de los delegados de prevención.

Gutierrez señaló que la salud laboral no es sólo un derecho e los trabajadores, "es un deber del movimiento sindical". Calificó de "torpe e indeseable" la actuación de los patronos en este tema, a quienes acusó de utilizar el trabajo y a veces la vida de los trabajadores para reducir costes.