Saiz se expresó de este modo durante una comparecencia en la Comisión del Pacto de Toledo del Congreso, donde realizó una radiografía en positivo de la marcha del sistema de pensiones, que se sostiene “con robustez y confianza”, pese a las “incertidumbres” y “retos” existentes, entre los que citó la evolución demográfica.

En la marcha del sistema, Saiz destacó la relevancia del empleo, que se encuentra en ´niveles récord, por encima ya de los 22 millones de ocupados. “Estamos hablando de personas que trabajan, que cotizan y que contribuyen a la solidaridad intergeneracional sobre la que se apoya el modelo”, dijo.

Repasó las medidas vigentes a partir de la reforma de pensiones de la pasada legislatura, como la revalorización con el IPC medio entre diciembre y noviembre de cada año, y por encima de ese nivel las más bajas. Otras acciones son la elevación gradual de la base máxima de cotización, la cotización de solidaridad para rentas que superan el umbral máximo y dotar de fondos a la conocida como ‘hucha’ de las pensiones.

Recordó que se acaba de publicar una nueva evaluación de la Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal (Airef), que indica que el gasto medio en pensiones será del 13% del PIB de media hasta 2050, dos décimas menos que en el examen del pasado ejercicio.

EDAD DE JUBILACIÓN

Por otra parte, se detuvo en las medidas para elevar la edad efectiva de jubilación, de tal manera que, en abril, se situó en 65,5 años. Ello se ha conseguido, según expuso, con acciones encaminadas a fortalecer incentivos, “más opciones y libertad en la transición entre empleo y retiro”.

Además, Saiz subrayó que los trabajadores que deciden demorar su jubilación más allá de la edad ordinaria han aumentado “considerablemente”, pasando de suponer el 4,8% en 2021 al 10,9% en 2025. “En lo que llevamos de 2026, superan ya el 12% de las altas, más que en todo el año 2021”, se congratuló.

En este sentido, resaltó que las jubilaciones anticipadas han pasado de superar el 43% en 2018 al entorno del 30% en la actualidad. Al hilo, comentó que no solo anticipan menos personas, sino que, además, se anticipa en menos meses (la proporción de los que adelantan más de un año ha caído al 60%).

Y todo, mientras las nuevas jubilaciones activas, que favorecen seguir trabajando por cuenta ajena o por cuenta propia después de demorar la jubilación, desde su entrada en vigor en abril de 2025, han aumentado también significativamente, ahora hay 5.600 pensionistas más que en el mismo mes de 2024, hasta un total de 70.500.

En todo caso, la ministra precisó que “no en todos los trabajos se envejece igual”, por lo que elogió el nuevo procedimiento para fijar coeficientes reductores en actividades especialmente penosas, tóxicas, peligrosas o insalubres, siempre que presenten elevados índices de morbilidad o mortalidad y no sea posible mejorar las condiciones de trabajo.

Por otra parte, se refirió a medidas encaminadas a reducir la brecha de pensiones que sufren las mujeres históricamente, así como a mejorar el empleo de los jóvenes, para “evitar que la precariedad o las etapas formativas generen vacíos irreparables en sus carreras de cotización”.

“La mejora de los contratos formativos, la inclusión en la Seguridad Social desde el inicio de determinadas relaciones laborales y la posibilidad de computar periodos de prácticas o formación son pasos que fortalecen la protección de los jóvenes y conectan el sistema con trayectorias de entrada al empleo hoy mucho más complejas que en el pasado”, abundó Saiz.

En concreto, detalló que, en junio de 2025, más de 1,5 millones de jóvenes en prácticas no remuneradas habían comenzado a cotizar desde enero de 2024, lo que ilustra bien el alcance de esta transformación.

En cuanto a las personas con discapacidad, la ministra dijo que se han incorporado mejoras para facilitar el acceso a la jubilación anticipada cuando concurren determinadas patologías o grados de discapacidad, así como reformas dirigidas a evitar la exclusión automática del empleo y a favorecer ajustes razonables y reubicaciones cuando resulten necesarios. “Se trata, en definitiva, de un avance en derechos, en inclusión y en equidad”, sintetizó.

La mejora de la protección a los autónomos y la respuesta de la Seguridad Social en emergencias son otros aspectos esenciales en los que se ha trabajado en los últimos años, según la ministra.

CONCLUSIONES DEL GOBIERNO

En otro orden de cosas, la ministra recordó la reciente publicación del Modelo Integrado del Gasto en Pensiones de la Seguridad Social (INTegraSS), una herramienta desarrollada por el Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones y que supone un modelo de proyección “preciso” y “transparente”.

De sus conclusiones, Saiz resaltó que el principal determinante demográfico para la sostenibilidad del sistema de pensiones es el proceso de envejecimiento poblacional, cuya intensidad aumenta conforme las cohortes del baby boom, nacidas entre finales de los años 50 y mediados de los 70, acceden progresivamente a edades avanzadas -es decir, de los 65 años en adelante.

Así, el escenario demográfico muestra un progresivo envejecimiento de la población, que se acentuará hacia 2050, lo que eleva significativamente la tasa de dependencia, que se define como el porcentaje que representa la población dependiente —entendida como la suma de la población infantil y juvenil entre O y 14 años y la población de edad avanzada de 75 años o más— respecto de la población en edad potencialmente activa, comprendida entre los 15 y los 74 años, y que alcanzará su máximo a final de la década de 2050.

“A partir de ese momento, el relevo generacional y la estabilización de los flujos migratorios desde mediados de la década de 2030 atenúan el envejecimiento poblacional al final del periodo proyectado y perfilan una tendencia descendente en la tasa de dependencia, pero sin retornar a niveles previos, ya que el envejecimiento estructural permanece”, asumió la ministra.

La ministra afirmó que se espera una mejora sostenida en la tasa de ocupación, con un aumento de casi cinco puntos porcentuales entre 2024 y 2050, impulsada tanto por el aumento de la participación laboral en los tramos centrales de edad como por la prolongación de las carreras profesionales. La tasa de ocupación de los 65 a los 74 años será la que experimente un mayor aumento por el progresivo incremento de la edad efectiva de jubilación, resultado de la convergencia hacia la edad ordinaria de jubilación de 67 años a partir de 2027 y de los nuevos incentivos para la prolongación voluntaria de la vida laboral.

Asimismo, influyen el retraso en la salida del mercado de trabajo por factores demográficos —como la mayor longevidad y el mejor estado de salud en edades avanzadas—y por factores económicos, entre los que destacan la necesidad de reforzar derechos contributivos y las mejoras en las condiciones laborales de los trabajadores sénior.

Los resultados obtenidos muestran un aumento significativo del gasto en pensiones en el periodo 2024-2049, hasta situarse en torno al 15,3% del PIB en 2050. Este incremento está impulsado por la jubilación masiva de las cohortes del baby boom, cuyas dimensiones demográficas inducen un rápido aumento del número de pensiones y el aumento en la esperanza de vida prolonga además la duración media de las jubilaciones.

Paralelamente, la pensión media crece de manera sostenida, tanto por la revalorización anual conforme al IPC como por la llegada de cohortes con diferente composición y salarios más elevados.

A partir de 2050, la evolución del gasto registra una moderación progresiva. Las nuevas cohortes que acceden al sistema son menos numerosas, lo que reduce el crecimiento anual del número de pensiones. Este comportamiento conduce a una convergencia hacia un nivel cercano al 14,2% en 2070.

Por su parte, el número total de pensiones sigue una senda ascendente durante todo el periodo, aunque con intensidades diferenciadas. Hasta mediados de siglo, el volumen de nuevas altas supera ampliamente al de bajas, generando un crecimiento cercano al 1,7% anual. Este ritmo se reduce posteriormente hasta tasas próximas al 0,4%, coherentes con la entrada de generaciones menos voluminosas.

Para 2070, el sistema proyecta aproximadamente 19 millones de prestaciones en vigor, cifra que incorpora tanto el efecto acumulado del envejecimiento poblacional como la consolidación de carreras contributivas más completas, especialmente entre las mujeres.

Así las cosas, la ministra subrayó que el gasto en pensiones entre 2022 y 2050 se situará en el 14%, impulsado por el crecimiento de las Pensiones Contributivas del sistema de Seguridad Social. “Este nivel de gasto promedio es sensiblemente inferior al proyectado por otros organismos como el Ageing Working Group de la Comisión Europea o la Airef”, agregó.

En conclusión, la ministra aseguró que “el Modelo INTegraSS de la Seguridad Social proyecta un incremento del gasto en pensiones asumible con las medidas de ingresos adoptadas en la última reforma de pensiones”.