Saiz se expresó en estos términos durante su comparecencia en la Comisión del Pacto de Toledo del Congreso de los Diputados, donde realizó una cerrada defensa de la sostenibilidad del sistema de pensiones y de las medidas adoptadas desde la pasada legislatura para reforzar su garantía.

Además, recordó que la reforma de pensiones establece una revisión trianual por parte de la Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal (Airef) que, en caso de que el gasto en pensiones suba del 13,3 puntos del producto interior bruto (PIB) en términos netos, es decir, que no solo se tienen en cuenta los gastos, sino también los ingresos, se tendrían que adoptar medidas de refuerzo de la sostenibilidad.

En la primera evaluación de la Airef, el cálculo del gasto neto se situó en el 13,2%, una décima por debajo de la cláusula de cierre que, de superarse, obligaría al Gobierno a proponer medidas correctoras y, si no hay consenso, se aplicaría una subida del Mecanismo de Equidad Intergeneracional (MEI), una sobrecotización finalista de empresas y trabajadores aprobada en la reforma de pensiones de la pasada legislatura.

Dicho esto, la ministra aclaró que “no existe un número mágico de la sostenibilidad”, es decir, “no hay una cifra a partir de la cuál alguien pueda concluir que un sistema de pensiones es sostenible o no”. En este sentido, defendió que “una buena evaluación de nuestro sistema implica analizar una multitud de elementos e indicadores”, como es la evolución macroeconómica, demográfica o parámetros del sistema, entre otros. Sin embargo, asumió que “es común y, hasta cierto punto necesario, establecer algún umbral o nivel de referencia a la hora de establecer una regla fiscal”.

Cabe destacar que, aunque la Airef no pidió medidas adicionales para garantizar la sostenibilidad del sistema por no superar los umbrales máximos de gasto establecidos en la ley, diferentes expertos criticaron que el Ministerio de Seguridad Social constriñera la capacidad de análisis de la Airef al incluir las transferencias del Estado hacia el sistema.

En este contexto, Seguridad Social prepara ahora un nuevo real decreto para acometer las reformas pertinentes para que la Airef pueda actualizar su evaluación y emitir un nuevo informe en 2026, sin esperar tres años, como se prevé en la legislación de pensiones.

Esto permitirá incorporar cambios que no se contemplaban en la reforma de pensiones, como que en 2024, la nueva Regla de Gasto de la Unión Europea incorporó que se tuviera en cuenta el gasto derivado del envejecimiento, incluidas las pensiones.

DUDAS COMPRENSIBLES

“Es comprensible que surjan dudas o haya aspectos que aún son desconocidos sobre la cláusula a la luz de la novedad que supone en nuestro sistema. Por eso, debemos seguir trabajando en difundir y explicar el funcionamiento este mecanismo”, declaró la ministra, que se mostró comprensiva con que haya “críticas o propuestas de mejora a la cláusula”, que el Gobierno está “abierto a escuchar”.

En conjunto, la titular de la cartera de Seguridad Social sentenció que “estamos "satisfechos con las estimaciones de la Airef, aunque añadió que en el organismo han sido “conservadores” con la aportación de ingresos que supone el nuevo sistema de cotización de autónomos por ingresos reales y con la fortaleza que otorga la reforma laboral al mercado de trabajo.

En este sentido, destacó el “poco tiempo” transcurrido y la falta de información por los escasos años en vigor de estas medidas, mencionando especialmente el sistema de cotizaciones de autónomos y remarcó que la propia Airef indicaba en su evaluación que estaba siendo conservadora.

DIFERENCIAS TÉCNICAS

“En el Ministerio tenemos algunas diferencias técnicas con la aproximación utilizada. No obstante, también esperamos que este número se revise al alza en futuras evaluaciones a medida que la Airef vaya disponiendo de más datos para completar y actualizar sus análisis”, deseó Saiz.

Asimismo, defendió que haya partidas que no se consideren gastos de la Seguridad Social, sino ingresos, como las transferencias que percibe la Seguridad Social desde el Estado para sufragar las pensiones no contributivas o la reducción de cotizaciones que se aplican en determinadas situaciones.

“De no computarse, bastaría con modificar el diseño de la política para que en lugar de subvencionarse a la empresa con una reducción de cotización se hiciese con una subvención o transferencia directa. Esto tendría un impacto nulo sobre el gasto público y sobre la cantidad recibida por los beneficiarios, pero incrementaría los ingresos por cotizaciones”, arguyó Saiz. En su opinión, el motivo por el que la política está diseñada de esta manera es porque al tratarse de una medida relacionada con el mercado de trabajo, es más sencillo a través de la Seguridad Social. Con todo, dejó claro que “podemos discrepar sobre los impactos estimados o la metodología utilizada” por la Airef, pero “debemos respetar el rol asignado” a la misma.

TENSIÓN DEMOGRÁFICA

En su alocución, explicó que el grueso de la tensión demográfica en España se dará en la década 2030 y primera parte de la de 2040. Sobre el techo de gasto fijado, Saiz argumentó que, ”como es evidente, el uso de un promedio implica en que habrá años en los que el nivel de gasto esté por encima del umbral de referencia y años en los que esté por debajo”. Eso sí, puntualizó que esto “no debe entenderse ni como una señal de alarma ni con un optimismo desenfrenado”.

“Clarificar a qué nos referimos cuando hablamos de sostenibilidad es esencial ya que, cuando los ciudadanos escuchan que el sistema no es sostenible, lo que entienden es que no cobrarán su pensión el próximo mes. En cambio, cuando los expertos hablan de sostenibilidad se refieren generalmente a una discusión sobre la dinámica de gasto, si es óptimo dedicar recursos a pensiones frente a otras partidas o las características de los diseños de los sistemas de pensiones y sus fuentes de financiación”, tranquilizó Saiz tras poner en valor que ya exista un mecanismo objetivo para evaluar la sostenibilidad de las pensiones, lo que antes no sucedía.

Sobre las proyecciones disponibles, la ministra señaló que si se tiene en cuenta el crecimiento del PIB actualizado al alza, la ratio de gasto en pensiones sobre el PIB es algo menor que si no se actualizan estas cifras. Con los últimos datos observados, Saiz comentó que el gasto se situaría en el 14,6%, menos del tope del 15% del techo de gasto fijado de forma bruta y no neta. En cualquier caso, reconoció un empeoramiento del gasto, lo que atribuyó, principalmente, al aumento de la tasa de dependencia por la evolución demográfica, que también se da en otros siete países con mayor fuerza que en España.

Finalmente, apuntó que un mayor flujo demográfico positivo haría que el gasto en pensiones descienda “significativamente”, al igual que una positiva marcha de la economía y el mercado de trabajo, que “superan con creces” previsiones anteriores. En este sentido, manifestó que ya hay medio millón de ocupados más que lo que se preveía para este momento.