En el acuerdo de hoy, la Sala faculta a la presidencia del Tribunal Superior de Justicia para dejar sin efecto esta prórroga si, con anterioridad a la finalización del periodo citado, las autoridades competentes de emergencias o protección civil comunicaran que el riesgo ha cesado y que los desplazamientos se pueden realizar con normalidad.

El acuerdo adoptado ayer y ahora prorrogado prioriza la seguridad de las personas, tanto de los funcionarios como de los profesionales y de los justiciables, y recuerda que no existe obligación alguna de acudir a una sede judicial por una actuación jurisdiccional programada si existe cualquier dificultad.

Bastará en estos casos una comunicación al órgano judicial para trasladar la imposibilidad de asistir. E incluso, cuando eso no sea posible, se entenderá que la incomparecencia está justificada.

Igualmente, el acuerdo establece que los servicios de guardia deben garantizarse y recoge que la presidenta de la Audiencia Provincial y de los diferentes Tribunales de Instancia trasladarán a la Sala de Gobierno, en caso de que lo consideren oportuno, la necesidad de suspender la actividad judicial ordinaria, las vistas y/o los plazos procesales.