Salvemos Doñana, formada por más de una decena de entidades, entre ellas Amigas de la Tierra, Ecologistas en Acción, Greenpeace, SEO/BirdLife y WWF, y numerosas personas a título individual han presentado -dentro del plazo establecido- alegaciones a la autorización administrativa del proyecto para construir un sondeo de inyección de gas natural bajo el acuífero de Doñana.

El ‘Sondeo Marismas-3NE’ es un proyecto asociado al almacenamiento subterráneo de gas natural denominado ‘Marismas’, en el término municipal de Almonte (Huelva).

Según el Gobierno, este sondeo fue autorizado en el marco del proyecto conjunto Marismas Occidental, el cual obtuvo declaración de impacto ambiental sobre Doñana y autorización ambiental en 2010.

“Esto quiere decir que la documentación técnica aportada en aquel entonces, de evaluación de los daños que se pueden ocasionar a los valores del espacio protegido, ha sido dada aún por válida 15 años después”, según Salvemos Doñana.

Por su parte, Salvemos Doñana llamó a la “prudencia” al considerar que los informes sobre los que se asienta esta decisión están “obsoletos”, por lo que instó a que se eviten nuevas amenazas a Doñana, especialmente a sus aguas subterráneas, que están siendo objeto de proyectos de recuperación por parte del Gobierno.

En este sentido, las entidades que han presentado alegaciones argumentan que tanto la metodología de evaluación como el conocimiento científico han evolucionado mucho, lo que ha originado una ingente información nueva, tanto hidrogeológica como sísmica, que debería tenerse en cuenta para documentar una solicitud como esta y a la hora de aprobarla o no.

DESCARBONIZACIÓN

Por otra parte, Salvemos Doñana recordó al Gobierno su compromiso con la descarbonización. Entre las alegaciones presentadas, recordaron que el proyecto de gas fósil es incompatible con la Ley de Cambio Climático y Transición Energética, el Plan Nacional Integrado de Energía y Clima, y la Estrategia de Descarbonización a Largo Plazo. “El proyecto no se demuestra necesario para cumplir un rol relevante en la seguridad energética y en el cumplimento de la normativa que regula las existencias mínimas de seguridad de gas natural”, sentenciaron.

Además, alegaron que el perjuicio que se puede ocasionar a las masas de agua subterránea de La Rocina y Almonte, limítrofes en el lugar del sondeo proyectado, puede ser “irreversible ecológica y económicamente”.