Partiendo de que “la corrupción no sólo existe en una organización” y de que las medidas ya adoptadas y existentes en distintas administraciones no han sido suficientes, el presidente dijo asumir personalmente la necesidad de reducir esta “lacra social” anunciando que “el Gobierno propone a ustedes y a los ciudadanos” este plan estatal.

Dijo que el plan se ha “diseñado conjuntamente con la división anticorrupción de la OCDE” y elaborado “este último mes” con reuniones con Sumar y otros socios, “a quien quiero agradecer su ayuda”, más expertos de la sociedad civil y los técnicos de la OCDE.

A los aliados parlamentarios ya les había reconocido que no estaban siendo días fáciles para ellos, que le habían apoyado, pero les prometió: “Voy a estar a la altura, voy a satisfacer sus expectativas de regeneración y voy a cumplir el compromiso que tengo con ellos”. Sin embargo, los socios no aplaudieron las medidas que Sánchez anunció del plan.

El primer eje de los cinco del plan, destinado a la “prevención de riesgos” y el “fortalecimiento de los controles”, comprende la creación de “una agencia de integridad pública independiente” para prevención, supervisión y persecución.

También se extenderá la metodología aplicada al control de los fondos Next Generation a toda la administración del Estado, con mapas de riesgo y de integridad para detectar vulnerabilidades y la utilización de inteligencia artificial en la contratación del sector público “para identificar patrones anómalos e indicios de fraude”.

Además, los partidos políticos y organizaciones que reciban una financiación pública de más de 50 millones tendrán que someterse a auditorías externas e independientes.