En declaraciones a los medios de comunicación en Nicosia (Chipre), a su llegada a la Reunión informal de líderes de la Unión Europea, Pedro Sánchez respondió a los pactos alcanzados por el Partido Popular y Vox para gobernar en Extremadura y Aragón, y consideró que “ponen en riesgo los derechos humanos en nuestro país”.

Sánchez esgrimió un informe de Amnistía Internacional sobre los acuerdos del PP y Vox, y destacó que la ONG que es “absolutamente independiente, no se casa con ningún gobierno”, denuncia que esos pactos “ponen en riesgo los derechos humanos en nuestro país, y yo no puedo sino coincidir con esa apreciación”.

La cuestión, aseveró Sánchez, es que “cuando hablan de prioridad nacional están hablando de crear ciudadanos de primera y de segunda clase” y también de “violar un principio básico de nuestra Constitución, como es la no discriminación y la igualdad entre ciudadanos, vivan donde vivan, sea cual sea su origen, su raza, su orientación sexual o su o su género”.

Para el líder el Ejecutivo, “se empieza por esta discriminación”, pero argumentó que también en los acuerdos, tanto en Extremadura como en Aragón, “se hace un señalamiento a asociaciones que cubren políticas sociales a las cuales no llega el Estado”.

Asociaciones, alegó, “de todo tipo”, no solamente religiosas, “sino también feministas, asociaciones que cuidan y que de alguna manera trabajan en pro de la diversidad”.

En resumen, para el presidente los acuerdos abren la puerta a una discriminación “que hoy afecta a ciudadanos migrantes, pero que, pasado mañana, sin duda alguna, va a afectar a otros muchos colectivos, que siempre han sido señalados por parte de la ultraderecha”.

Y en este punto, Sánchez consideró que es “un auténtico desastre para los intereses de Extremadura, de Aragón y de España”, si después de “cuatro meses o seis meses negociando, lo único que pueden ofrecer a España, a Extremadura, a Aragón es este proyecto de involución y de reacción”.

No obstante, trasladó al PP y a Vox “y también a los ciudadanos para su tranquilidad”, que cuando exista alguna ley emanada de esos ejecutivos autonómicos “que contravenga este tipo de principios” que están en la Constitución, “el Gobierno de España actuará con la fuerza de la ley y, por supuesto, con total contundencia”.