Así consta en una pregunta para respuesta por escrito que el senador José Antonio Monago ha registrado en esta sede parlamentaria.

De acuerdo con este escrito al que ha tenido acceso Servimedia, “las informaciones sobre el rescate de Plus Ultra, incluyendo el uso del apoyo público para atender obligaciones financieras en jurisdicciones sensibles y la presencia de vínculos con el entorno del poder venezolano, proyectan un riesgo reputacional e institucional grave”.

Para este parlamentario, “si fondos públicos terminaron facilitando operaciones vinculadas a actores investigados o a redes asociadas al régimen de Maduro, el Gobierno debe aclarar controles, diligencia debida, responsabilidades y eventuales fallos en la supervisión".

Por este motivo, Monago demanda explicación al Gobierno “sobre qué parte del rescate pudiera destinarse a atender ‘préstamos’ u obligaciones financieras en Gibraltar o Suiza, y qué mecanismos de control ex post se activaron”.

PÉRDIDAS ANTERIORES

En este sentido, la aerolínea Plus Ultra Líneas Aéreas recibió un rescate público de 53 millones de euros aprobado por el Consejo de Ministros el 9 de marzo de 2021 mediante el Fondo de Apoyo a la Solvencia de Empresas Estratégicas (FASEE) de la SEPI. El total se dividió en un préstamo ordinario de 19 millones desembolsado el 18 de marzo de 2021 y un préstamo participativo de 34 millones entregado el 10 de agosto de 2021.

​La ministra María Jesús Montero, titular de Hacienda y responsable final de la SEPI, elevó personalmente la propuesta al Consejo de Ministros. El entonces ministro de Transportes, José Luis Ábalos, informó favorablemente sobre su carácter estratégico. El rescate fue justificado argumentando que Plus Ultra era una empresa estratégica por su contribución al sector turístico y sus vuelos de larga distancia a Latinoamérica.

​Sin embargo, según la documentación que se ha conocido posteriormente, esta empresa había registrado pérdidas continuadas desde 2015, mucho antes de la pandemia de la covid-19. La compañía operaba con solo cuatro aviones, apenas tres funcionales. Un informe técnico cuestionó posteriormente que cumpliera los requisitos legales para acceder a las ayudas extraordinarias.

LA FISCALÍA VE INDICIOS

​Plus Ultra había estado en contacto desde 2017 con bancos internacionales mediante préstamos con conexiones a estructuras vinculadas a Venezuela. Un préstamo de 6,3 millones de euros de Panacorp, banco panameño con bonos en PDVSA, permitía usar solo dos millones, permaneciendo el resto en una cuenta en Dominica. Esta situación despertó sospechas de los peritos judiciales.

​La Fiscalía Anticorrupción reabrió la investigación el 11 de diciembre de 2025 tras recopilar nuevos indicios de delito. Agentes de la UDEF registraron la sede de Plus Ultra en Madrid. Fueron detenidos Julio Martínez Sola, presidente, y Roberto Roselli, consejero delegado, junto a otros dos investigados. Un juez decretó su libertad provisional con medidas cautelares.

El Ministerio Público sustenta su investigación en la hipótesis de que los 53 millones fueron utilizados para blanquear capitales procedentes de Venezuela. Según la denuncia del fiscal jefe Alejandro Luzón, Plus Ultra habría pagado deudas previas hacia sociedades instrumentales y cuentas en el extranjero. Los fondos se habrían canalizado mediante sociedades localizadas en Ginebra y otras jurisdicciones.

ABALOS Y ALDAMA ACUSAN

La red investigada estaría integrada por ciudadanos de distintas nacionalidades: al menos tres peruanos, dos venezolanos, un holandés y un abogado español. Habrían blanqueado fondos ilícitos procedentes de actos de malversación por funcionarios públicos venezolanos vinculados a los programas CLAP. La investigación cuenta con cooperación de las fiscalías de Francia y Suiza.

El empresario Víctor de Aldama y el exministro José Luis Ábalos sostienen que el expresidente José Luis Rodríguez Zapatero ejerció presiones directas sobre Ábalos para que el rescate se aprobara. El exjefe del Ejecutivo lo presionó "a toda costa" y se desplazó a Transportes. También presionó al secretario de Estado de Transportes, Pedro Saura.

​En este sentido, Vox anunció su intervención como acusación popular en el procedimiento judicial el 9 de enero de 2026. El Gobierno español, mediante la ministra portavoz Pilar Alegría, ha defendido que el rescate se aprobó con "criterios absolutamente transparentes" y fue validado por el Tribunal de Cuentas y la Comisión Europea.