Según informó este lunes el departamento ministerial, la norma pretende dotar a España de un marco normativo sólido, actualizado y alineado con los estándares internacionales, que permita reforzar las capacidades del conjunto del Sistema Nacional de Salud y de las Administraciones públicas ante situaciones que puedan comprometer gravemente la salud de la población.

En concreto, el Plan busca anticiparse y dar respuesta a riesgos de origen biológico (como pandemias o brotes epidémicos), químico (accidentes industriales, exposiciones tóxicas), ambiental (contaminación, olas de calor), nuclear o radiológico, o cualquier otro evento que, por su naturaleza o magnitud, supere las capacidades asistenciales existentes o requiera una actuación conjunta y coordinada de las autoridades sanitarias.

El Plan Estatal prevé también el desarrollo de una estrategia estatal de comunicación, coordinada en el seno del Consejo Interterritorial del Sistema Nacional de Salud, para garantizar una información clara, coherente y basada en evidencia científica durante todas las fases de la emergencia.

PLAN ESTATAL

Esta estrategia contemplará la comunicación con la ciudadanía, los medios de comunicación, las administraciones públicas y los profesionales del SNS, con el fin de reforzar la confianza, combatir la desinformación y mejorar la eficacia de las medidas de salud pública.

Este Plan Estatal prevé la creación de la Comisión Estatal de Coordinación (CECO) para coordinar, seguir y evaluar las actividades necesarias para el desarrollo del propio Plan. Estará presidida por la persona titular del Ministerio de Sanidad e integrada por representantes de todos los ministerios implicados, agencias nacionales, el Consejo de Seguridad Nuclear, la Secretaría de Estado de Comunicación y el Departamento de Seguridad Nacional.

Su misión incluirá asegurar la gobernanza intersectorial, promover el desarrollo de capacidades en cada sector, evaluar periódicamente el plan, activar grupos de trabajo especializados y garantizar el uso eficiente de los recursos del Estado ante situaciones de amenaza grave.

Asimismo, las comunidades autónomas y las ciudades de Ceuta y Melilla deberán elaborar, en el plazo máximo de un año tras la entrada en vigor del real decreto, sus propios planes de preparación y respuesta.

CONSEJO INTERTERRITORIAL

Estos planes deberán estar armonizados con el Plan Estatal y ser compartidos en el seno del Consejo Interterritorial del Sistema Nacional de Salud (Cisns), conforme a lo previsto en el artículo 13 bis de la Ley 33/2011.

Del mismo modo, el Sistema de Alerta Precoz y Respuesta Rápida (Siapr) se encargará de la detección y notificación de eventos sanitarios, así como de la evaluación del riesgo que suponen para la salud pública. El procedimiento se basa en principios de transparencia, excelencia e independencia, y se apoyará en redes de expertos e instituciones científicas. La evaluación de riesgos será requisito previo para activar medidas de control o para declarar una situación de emergencia.

El real decreto regula el procedimiento mediante el cual la persona titular del Ministerio de Sanidad podrá declarar una situación de Emergencia de Salud Pública de Importancia Nacional (Espin). Esta figura jurídica permitirá la adopción de medidas extraordinarias y coordinadas de salud pública. La declaración se basará en un informe técnico del comité asesor, que trabajará junto al comité técnico del Siapr. La norma regula también el procedimiento de finalización de dicha emergencia.

El Plan contempla también la creación y fortalecimiento de recursos estratégicos para hacer frente a amenazas sanitarias. Una vez entre en vigor el presente real decreto, el Comité técnico del Siapr elaborará en el plazo de un año los indicadores para el seguimiento, actualización y mejora continua del Plan Estatal y de los Planes Autonómicos. Cada tres años, la Agencia Estatal de Salud Pública elaborará y publicará un informe sobre la planificación y las capacidades en materia de preparación y respuesta.