Según informó este lunes Sanidad, el objetivo de este protocolo es homogeneizar la respuesta del ámbito sanitario a nivel nacional y sistematizar la promoción del buen trato, la prevención, la detección y el abordaje integral de todos los casos y tipos de violencia sobre la infancia y adolescencia desde una perspectiva de equidad, accesibilidad, no discriminación y curso de vida.

Por lo tanto, está dirigido a profesionales del ámbito sanitario, tanto asistenciales como no asistenciales, así como también a todas aquellas personas con responsabilidad en la gestión y planificación de políticas y recursos sanitarios.

En España, las cifras oficiales proceden del Registro Unificado de Maltrato Infantil, que en 2021 registró 21.521 notificaciones de casos sospechosos de violencia en niños, niñas y adolescentes. Sin embargo, como ocurre a nivel internacional, diversos estudios de prevalencia muestran que está infranotificado.

DERECHOS HUMANOS

Tal y como recordó el Ministerio de Sanidad, la lucha contra la violencia en la infancia y la adolescencia es un imperativo de derechos humanos y constituye una cuestión de salud pública.

De hecho, la violencia afecta a la salud y el bienestar a lo largo de toda la vida, pero se puede prevenir o atenuar. Esto se puede hacer a través de medidas sistemáticas basadas en evidencia científica, entre las que se encuentra garantizar una respuesta integral, multidisciplinar y de calidad de los servicios de atención a la infancia y adolescencia, entre ellos los servicios sanitarios.

En 2021 se aprobó la ley de protección integral a la infancia y la adolescencia frente a la violencia (Lopivi), que persigue establecer un nuevo paradigma de prevención y protección de la violencia. Ello se busca a través de una aproximación integral desde la perspectiva de los derechos de los niños, niñas y adolescentes, teniendo en cuenta la naturaleza multidimensional de sus factores de riesgo y los determinantes sociales de la salud.

ÁMBITO SANITARIO

Dicha ley, en lo que se refiere al ámbito sanitario, promovió la creación de la Comisión frente a la violencia en los niños, niñas y adolescentes del CoViNNA, en la que participan las comunidades y ciudades autónomas y también otros ministerios (Justicia, Juventud e Infancia e Igualdad).

Este protocolo fue elaborado bajo la coordinación de la Dirección General de Salud Pública y Equidad en Salud del Ministerio de Sanidad, en colaboración con las comunidades y ciudades autónomas y otras administraciones públicas, instituciones y profesionales de los diferentes sectores implicados en la prevención, detección precoz, protección y reparación de la violencia sobre la infancia y la adolescencia.