Así lo precisó Padilla durante su intervención en la Comisión Mixta para el Estudio de los Problemas de las Adicciones y en respuesta a una pregunta formulada por la senadora Elena Castillo sobre el sistema de evaluación que tiene el Gobierno para medir la eficacia real de las políticas del Plan Nacional sobre Drogas en adicciones comportamentales.

En su alocución, Padilla subrayó que “nos encontramos ante una herramienta viva” y aseveró que, “sin ningún tipo de lugar a dudas”, la Delegación del Gobierno para el Plan Nacional sobre Drogas es, “de todos los ámbitos en los cuales tenemos datos propios de encuestas sobre el análisis de la realidad, no solamente el que tiene una serie temporal más robusta, sino el que tiene una solidez y una representatividad de sus resultados más notable”.

“Hasta el punto de que se ha convertido en una herramienta de referencia incluso a nivel europeo”, reivindicó Padilla al tiempo que señaló que en la evaluación de la Estrategia nacional de adicciones que se está llevando a cabo “incluye también las adicciones comportamentales o también denominadas como adicciones sin sustancia”.

Tras precisar que el Ejecutivo “no quería aprobar la estrategia sin tener la evaluación hecha”, Padilla recordó que en “los últimos años, por primera vez” se está publicando “un extracto específico” del informe de adicciones comportamentales con los datos extraídos “principalmente” de las encuestas Edades y Estudes.

PREOCUPACIÓN SOCIAL

“Además, dado el auge que se ha observado de la preocupación social, que no siempre está correlacionada con un auge en las dinámicas epidemiológicas de las adicciones sin sustancia, de las adicciones comportamentales, se decidió hacer una especie de spin-off con los informes específicos a este respecto”, abundó, explicando que se incorpora información “específica” sobre adicciones comportamentales que “permiten analizar no solo la frecuencia de determinadas conductas, sino también factores que puedan estar asociados a su mantenimiento o a su inicio”.

“No basta simplemente con el análisis de indicadores de prevalencia, hay que también intentar hacer análisis un poco más finos a nivel de los microdatos que nos permitan o bien geografizar los indicadores o atender a determinantes más sociales o contextuales”, agregó, subrayando que en 2020, el Plan Nacional también creó el indicador de admisiones a tratamiento por adicciones comportamentales o sin sustancia.

A su vez, hizo hincapié en que, en estos últimos dos años, esta política se ha “reforzado” con la “coordinación” con el plan de acción de salud mental, que contempla también actuaciones dirigidas a “fomentar la integración orgánica y funcional de la red de adicciones y de los servicios de salud mental”.

En paralelo, a través del Portal de Buenas Prácticas en reducción de la demanda de drogas y otras adicciones, el Gobierno está “impulsando” la identificación de buenas prácticas a nivel de las comunidades autónomas y de otros organismos para “ver cuál es de ellas podrían ser exportables”.

“Además, en las ayudas que se convocan anualmente para organizaciones no gubernamentales, las adicciones comportamentales están ocupando un papel cada vez más más creciente”, defendió, al tiempo que avanzó que, “evidentemente”, el ministerio va a “seguir trabajando con una metodología que funciona, que está validada, que a nivel europeo es una referencia y que todas las comunidades autónomas, independientemente de signo político, la abrazan por su utilidad y solvencia”.

PP

Por su parte, la senadora se preguntó “cómo puede el Gobierno evaluar con rigor la eficacia de sus políticas si parte de instrumentos cuya capacidad para describir y comparar la realidad presenta limitaciones reconocidas por la propia administración”.

En la misma línea, Castillo denunció que el Gobierno “no solo tiene que hablar de cuántos programas financia o cuántas campañas realiza o si hace evaluaciones ex proceso para estudiar algún tipo de caso”. “Tiene que basarse en políticas o en indicadores claros que nos muestren que esas políticas funcionan”, añadió, convencida de que, para saber si esa política funciona, “hay que saber si el diagnóstico sobre el que se construye es el correcto” y de que “ese es el problema”.

“¿Cómo se puede utilizar Estudes siendo una herramienta de cribado cuando después sus resultados se utilizan para describir la magnitud del problema, justificar decisiones políticas y para orientar medidas que afectan a miles de menores y a millones de recursos públicos?”, se preguntó, al tiempo que reclamó la existencia de un mecanismo robusto de validación que permita “detectar errores, incoherencias o limitaciones evidentes”.

A su juicio, “si el instrumento falla, el diagnóstico falla y, si el diagnóstico falla, la política también puede fallar y entonces la evaluación deja de medir la eficacia de la medidas para convertirse simplemente en una comprobación de que los resultados coinciden con la hipótesis inicial”. “Es decir, que eso no es la evaluación, eso se llama autoconfirmación”, prosiguió, para criticar que el Ejecutivo “obtiene los resultados que quiere obtener”.

“El Gobierno insiste continuamente en que sus políticas están basadas en la evidencia, pero la evidencia exige datos sólidos, exige series comparables. Tienen ustedes muchas series de datos, pero, si ustedes mezclan churras con merinas, aquí no hacemos nada”, espetó, al tiempo que exigió “instrumentos estables, capacidad de contrastar los resultados y reconocer los límites de las herramientas utilizadas”.

Por último, advirtió de que “antes de afirmar que una política pública funciona, el Gobierno debe demostrar que está midiendo correctamente el problema que pretende resolver”.