Según informó el Ministerio de Sanidad, en su misiva recuerda que la Ley Orgánica 2/2010, de 3 de marzo, de salud sexual y reproductiva y de la interrupción voluntaria del embarazo, junto con el Real Decreto 831/2010, de 25 de junio, que la desarrolla, "tiene como objetivo proteger los derechos fundamentales en materia de salud sexual y reproductiva, regular las condiciones para la IVE y establecer las obligaciones de los poderes públicos para garantizar a la población el mayor nivel posible de salud y educación sexual y reproductiva".

Reconoce que, "pese al tiempo transcurrido desde la aprobación de esta normativa, muchas mujeres siguen encontrando barreras –geográficas, administrativas u organizativas– que dificultan el acceso a esta prestación dentro del Sistema Nacional de Salud".

Por este motivo, explica que el Ministerio elaborará un informe, sobre la base de los datos presentados por las comunidades autónomas, con el objetivo de evaluar el grado de cumplimiento de la Ley de Salud Sexual y Reproductiva en lo relativo a la interrupción voluntaria del embarazo, "y analizar si esta prestación se está garantizando de forma efectiva en los centros sanitarios públicos".

"A partir de los resultados recogidos, el Ministerio valorará el inicio de procedimientos legales frente a aquellas comunidades autónomas que no estén garantizando este derecho conforme a lo establecido por la ley".

En primera instancia, y en función de la gravedad de los incumplimientos detectados, la Alta Inspección del Estado enviará requerimientos formales a las administraciones autonómicas afectadas. Estos requerimientos solicitarán información detallada sobre las medidas que están aplicando o prevén aplicar para dar cumplimiento efectivo a la legislación vigente.

En caso de que las respuestas no resulten satisfactorias, el Ministerio de Sanidad adoptará "las medidas legales oportunas, dentro del marco normativo, para asegurar que se cumple el derecho a la interrupción voluntaria del embarazo en condiciones de igualdad en todo el territorio nacional".

"Este procedimiento se enmarca en la responsabilidad del Estado de garantizar el cumplimiento de la ley y la equidad en el acceso a las prestaciones del Sistema Nacional de Salud", concluyó Sanidad.