Así lo anunció este miércoles el departamento de Mónica García en un comunicado en el que precisó que la regulación del uso medicinal del cannabis que plantea es una “medida rigurosa y basada en la mejor evidencia científica disponible” y que, además, se harán evaluaciones de forma periódica para comprobar su eficacia y se dotará a la norma de la “flexibilidad suficiente para que pueda ser ampliada”.

El texto se encuentra en fase de “diálogo y discusión” con la sociedad civil para recibir sus aportaciones y, en paralelo, Sanidad ha incluido un correo en la web del ministerio para que la ciudadanía pueda hacer aportaciones.

El departamento de García defendió que la regulación planteada es “garantista” en cuanto a la calidad de los productos y la seguridad de los pacientes, habilitando las vías legales disponibles para poder disponer de compuestos terapéuticos a base de preparados estandarizados de cannabis que “hayan mostrado evidencia a la hora de aliviar el dolor y el sufrimiento de los pacientes”, contemplando la administración por vía oral de estos compuestos por ser la “más adecuada en términos de efectividad terapéutica y seguridad para los pacientes”.

Esta regulación está concebida para “poder evolucionar de manera dinámica, permitiendo incorporar nuevos elementos a medida que se disponga de más información y de la propia experiencia del programa de cannabis terapéutico”.

GENERAR MÁS Y MEJOR EVIDENCIA

Además, el ministerio aseveró que permitirá “contribuir a generar más y mejor evidencia sobre el uso de los cannabinoides con fines terapéuticos”, convencido de que, con esta regulación España pasa a “asemejarse” a países del entorno que disponen de normativas que permiten el uso del cannabis medicinal como Portugal, Reino Unido o Noruega y también se posiciona “en la línea de la Organización Mundial de la Salud y de Naciones Unidas”, que, recordó, “reconocen las potencialidades terapéuticas de estos compuestos”.

El ministerio aborda esta normativa partiendo de las conclusiones de la Subcomisión del Congreso de los Diputados de análisis de experiencias de regulación del cannabis para uso medicinal, que emplazó a la Agencia Española de Medicamentos y Productos Sanitarios (Aemps) a elaborar una hoja de ruta para aprobar la regulación, que según subrayó el gabinete de García, ha sido validada, además, por parte de la Delegación del Gobierno para el Plan Nacional sobre Drogas, que ha colaborado junto a la Aemps durante su elaboración.

Esta semana, el secretario de Estado de Sanidad, Javier Padilla, se reunió con el Observatorio Europeo del Consumo y Cultivo de Cannabis y, posteriormente, con colegios profesionales y sociedades científicas, que habían participado en su momento en la Subcomisión del Congreso de los Diputados de análisis de experiencias de regulación del cannabis para uso medicinal y “próximamente” también se reunirá con Observatorio Español del Cannabis Medicinal.

A la reunión de este martes en el ministerio asistieron representantes del Consejo General de Colegios de Médicos y el Consejo General de Colegios Oficiales de Farmacéuticos. Además, asistieron representantes de la Sociedad Española de Cuidados Paliativos, la Sociedad Española del Dolor, la Sociedad Española de Epilepsia, la Sociedad Española de Estudios sobre Alcohol, la Sociedad Española de Farmacia Hospitalaria, la Sociedad Española de Farmacéuticos de Atención Primaria, la Sociedad Española de Hematología y Hemoterapia, la Sociedad Española de Médicos de Atención Primaria, la Sociedad Española d Medicina Familiar y Comunitaria, la Sociedad Española de Médicos Generales y de Familia, la Sociedad Española Multidisciplinar del Dolor, la Sociedad Española de Neurología, la Sociedad Española de Neumología y Cirugía Torácica, la Sociedad Española de Oncología Médica, la Sociedad Española de Patología Dual, el Grupo de Trabajo SED-ESOM, la Sociedad Española de Psiquiatría y Salud Mental y la Sociedad Española de Reumatología.

Además, la web del Ministerio de Sanidad, ha abierto un espacio para que cualquier ciudadano pueda realizar las aportaciones que considera oportunas para la elaboración de la normativa y que serán “estudiadas” por un equipo de expertos.