El pasado mes de octubre, el departamento de García dio tres meses a el Gobierno de Ayuso para que cumpliera con este requisito mediante un requerimiento oficial. Pasado este plazo, ha decidido formalizar la denuncia ante los tribunales.

Desde ese momento, las autonomías han ido implementando ese registro, a excepción de la Comunidad de Madrid, que ha plantado cara el Ministerio negándose a cumplir la ley. La presidenta madrileña, Isabel Díaz Ayuso, considera que ese listado de profesionales es “una lista negra” y llegó a decir que las mujeres madrileñas se vayan a abortar “a otro lado”.

Ese registro tiene carácter confidencial y está destinado a que los hospitales puedan organizarse, de manera que el derecho a la interrupción del embarazo quede garantizado. Se da la circunstancia de que hay otro registro de similares características en relación a la eutanasia que la Comunidad de Madrid sí ha creado.