Así lo recoge el segundo Informe Anual de la Comisión sobre las políticas y procedimientos de la Iglesia en materia de protección, que los responsables de la Comisión Pontificia para la protección de los menores han entregado al papa León XIV.

El documento analiza la situación de esta lacra en la Iglesia de varios países (no está la española) y presenta un vademécum encaminado a la “escucha informada” y con propuestas para el apoyo a las víctimas desde el punto de vista económico, psicológico y espiritual.

Según informó el Vaticano, el documento reclama una comunicación más transparente, que se asuman responsabilidades de forma pública por parte de la Iglesia y que el procedimiento de denuncia sea más rápido.

La Comisión reitera, además, la importancia de desarrollar un “procedimiento simplificado” para la destitución de los líderes eclesiásticos implicados en “acciones y/o inacciones administrativas pasadas que hayan sido fuente de nuevos daños para las víctimas/sobrevivientes”.

También se recomienda “comunicar claramente” las razones de las dimisiones o destituciones y una evaluación efectiva de los progresos realizados por las iglesias locales y las órdenes religiosas en la aplicación concreta de las políticas de protección. Para ello, la Comisión insta a crear una “red académica internacional” en la que participen centros universitarios católicos especializados en derechos humanos, prevención de abusos y protección, con el fin de recopilar datos relevantes en los países que abarca el informe.