Subrayó que las explicaciones dadas recientemente por la secretaria general de Formación Profesional del Ministerio de Educación, Clara Sanz, no muestran las verdaderas consecuencias y repercusiones de una cualificación “que ha generado un rechazo unánime entre la profesión enfermera por entender que perjudica y pone en riesgo la atención y cuidados que deben recibir las cerca de 400.000 personas mayores que viven en centros sociosanitarios” y, por ello, ha presentado alegaciones al proyecto que actualmente se encuentra en fase de consulta pública.

Asimismo, indicó que dicho proyecto derivará en una cualificación que conformará la mayor parte del campo de conocimientos de un título posterior de ‘Técnico Superior en Gestión de Servicios en Centros Gerontológicos’ que se pretende poner en marcha en el curso 2022-2023.

En dichas alegaciones, el sindicato recalca, en primer lugar, que no es cierto que esta nueva cualificación nazca solo de una demanda realizada por los “sectores implicados”, como se afirma desde el Ministerio de Educación, sino que surge de una Proposición no de Ley (PNL) que impulsa el PSOE con el objetivo, a juicio de Satse, de beneficiar a la patronal del sector de las residencias de mayores de España abaratando costes en la atención en este ámbito.

Al respecto, la organización señaló que el Ministerio de Educación ha dado “carta blanca” a la patronal que gestiona la mayoría de residencias de mayores de España para que contraten a “trabajadores menos cualificados a menor coste”, y que son incapaces de garantizar una atención y cuidados seguros y de calidad. Una realidad que, a su juicio, contradice afirmaciones de la secretaria general de que su prioridad es brindar “el mejor servicio y atención” a las personas mayores.

Asimismo, el sindicato cuestiona afirmaciones de la secretaria general, como que esta cualificación no interfiere “en absoluto” con las competencias de las enfermeras o que no tiene carácter sanitario, y arguye a este respecto que “un somero análisis del texto aprobado por el Gobierno demuestra y acredita justamente lo contrario, es decir, que vulnera competencias profesionales propias de las enfermeras y otros profesionales, además de legislación fundamental y específica del ámbito sociosanitario”.

En este sentido, Satse también se preguntó la forma en la que estas figuras promoverán herramientas de coordinación y gestión de la atención sociosanitaria, supervisar recursos organizativos, administrar sistemas de información o supervisar el desempeño del funcionamiento de los cuidados que se prestan, como defienden desde el Ministerio de Educación, y sostuvo al respecto que “no reciben formación sanitaria de ningún tipo que pudiera ampararles para una mínima actuación asistencial y de cuidados”. “Atendiendo a lo que dice la nueva norma y el Ministerio, todo es incoherente, incongruente y poco, por no decir, nada realista”, añadió el sindicato.