“El Pacto es ya una realidad, pero que realmente proteja a los niños o los exponga a un mayor daño dependerá en gran medida de cómo se implemente. La prueba real es ahora”, afirmó la experta en incidencia política de Save the Children sobre infancia en movimiento, Federica Toscano.

El control de frontera, los procedimientos y condiciones de los centros de acogida marcarán, según la organización, la diferencia entre protección y daño. “Se trata de niños, niñas y adolescentes que huyen de la violencia, de brotes de enfermedades, pobreza y abusos en busca de seguridad”.

Además, existe un “peligro real “de que este Pacto pueda convertir su detención en la nueva norma en las fronteras de Europa: “Aunque la legislación europea es clara al establecer que la detención debe ser un último recurso, la realidad es que se ha vuelto cada vez más habitual en todo el continente. Ya hemos visto las consecuencias: niños retenidos en instalaciones masificadas e inadecuadas, sin la atención y el apoyo que necesitan, lo que los deja expuestos a incertidumbre, angustia y mayores daños. Ningún niño o niña debería ser detenido simplemente por buscar protección”, añadió Toscano.

Save the Children explicó que el Pacto “también da prioridad a una tramitación más rápida en las fronteras de la UE, pero la rapidez no debe primar frente a los derechos de la infancia. Puede darse una falta de identificación de vulnerabilidades específicas, que deja más indefensos a niños y niñas que han sido víctimas de trata o violencia, o solicitantes de asilo”.

“Y a esto se añaden las dificultades para reunirse con sus familiares, que ya incorpora muchas barreras en la regulación actual. La incapacidad de reunirse con sus familias genera en ocasiones la búsqueda de otras rutas más inseguras y con mayor peligro para la infancia”, continuó la organización.

“Los niños y niñas necesitan estabilidad, continuidad en los cuidados, relaciones de confianza y acceso a servicios esenciales. Un sistema que deja a niños, niñas y adolescentes confinados en condiciones inadecuadas, sometidos a la fuerza y privados de estabilidad no refleja ni los valores de Europa ni sus obligaciones legales”, concluyó Federica Toscano.

Para Save the Children, la UE “se enfrenta ahora a una elección: aplicar un sistema que proteja realmente a la infancia o uno que la exponga a un mayor riesgo. La transparencia y la rendición de cuentas serán esenciales para garantizar que los derechos de la infancia se respeten en toda la UE”.

A un día de la entrada en vigor de la implementación del Pacto sobre Migración y Asilo de la Unión Europea, la organización subrayó que “en España todavía no se conoce la hoja de ruta para su implementación ni las reformas legales que implicará, lo que genera gran incertidumbre”.