Así consta en su informe ‘Cruzando fronteras’, basado en entrevistas a 33 menores migrantes en España, Finlandia, Grecia, Italia y Polonia junto a testimonios a profesionales y análisis de literatura académica, cuyas conclusiones se publicaron este miércoles.

La investigación constata “fallos sistémicos” en la identificación, acogida y tutela de los menores “a las puertas de la UE”, en un contexto en el que los 27 “endurecen sus controles migratorios ante la entrada en vigor del nuevo pacto sobre migración y asilo, prevista para junio de 2026”.

El documento atestigua una “cadena de vulneraciones que se repite a lo largo de la frontera”, que se caracterizan por la “detención automática y prolongada de menores”, en ocasiones en centros para adultos; “errores sistemáticos en la identificación de la minoría de edad y otras vulnerabilidades que dejan a los niños y niñas sin tutor ni protección”; la “ausencia de personal especializado en infancia durante las primeras 24 horas”; y la “cronificación de dispositivos provisionales que se abrieron como respuesta a crisis puntuales”.

A todo lo anterior se añade “la violencia que sufren los menores en ruta y en los puntos de entrada, incluyendo devoluciones en caliente y agresiones”.

En su informe, Save the Children indica que a pesar de que el pacto sobre migración y asilo no entrará en vigor hasta dentro de un año, “muchos Estados miembros” han reformado sus leyes con el objetivo de “blindar las fronteras, incluso a costa de los derechos humanos”.

En ese sentido, Jennifer Zuppiroli, especialista en migraciones de la entidad, testimonió que “estas medidas han creado un entorno propicio para la vulneración rutinaria de los derechos y la protección de los niños y las niñas menores identificados como adultos, recluidos en centros para adultos y sin atención adecuada”.

SITUACIÓN EN ESPAÑA

El documento elaborado por Save the Children pone de manifiesto que “la magnitud real de la migración infantil sigue infravalorada” en España, debido a que “la falta de personal con mandato público en protección a la infancia durante las 72 horas iniciales hace que los niños, niñas y adolescentes puedan pasar desapercibidos, sin derivación al sistema de protección o a recursos especializados y sin apoyo psicológico ni intérpretes”.

La entidad advierte de que “un simple error de clasificación priva a un menor de edad de todos sus derechos: tutela, escolarización y atención sanitaria”.

Este trabajo alerta de que “los riesgos se duplican” para las niñas, puesto que “las adolescentes que viajan solas sufren mayor exposición a la violencia y explotación sexual tanto en tránsito como en destino”.

En el caso de Canarias, se afirma que los recursos de emergencia abiertos en 2021, “bajo condiciones excepcionales, sigue sobreocupados”, como lo demuestra que el archipiélago tutela a más de 5.000 menores por el hecho de que “los traslados a la península llegan con cuentagotas” y de que “los retrasos en los reconocimientos de la minoría de edad y en las derivaciones prolongan la estancia durante meses en espacios no adecuados para la infancia”.

Ante esta situación, Jennifer Zuppiroli dejó claro que “los niños y niñas que migran no son números: son sujetos con derechos” y añadió que “cada vida infantil que se pierde en el mar es el precio de unas políticas que priorizan el control fronterizo sobre la protección”. Esto le permitió manifestar que “España puede liderar en la UE un modelo que sitúe el interés superior del menor en el centro”.

RECOMENDACIONES

Por todo ello, Save the Children reclama que el momento inicial de llegada se pongan en marcha “protocolos para la identificación y derivación de perfiles vulnerables, con equipos dotados de mandato público en protección de la infancia y tutores cualificados en cada procedimiento previo a la incorporación de estos niños y niñas al sistema de protección”.

También solicita “alternativas a la detención de niños y niñas en la fase de cribado” y que tras la fase inicial “se agilicen los traslados de niños y niñas a la península, aplicando el mecanismo estatal de distribución interterritorial aprobado recientemente, de modo que ninguna región -como hoy Canarias- afronte en solitario los picos migratorios”.

Por último, la entidad pide a la UE que el próximo pacto “integre plenamente la Convención sobre los Derechos del Niño, la Carta de Derechos Fundamentales de la UE y el Convenio Europeo de Derechos Humanos”, lo que conlleva, entre otras cuestiones, “evaluaciones de edad rigurosas y adaptadas a la infancia, formación obligatoria para los agentes fronterizos en enfoques sensibles al trauma -especialmente en el caso de niñas y supervivientes de violencia sexual- y la garantía de que ningún menor de edad sea privado de libertad ni se le niegue protección en el futuro sistema migratorio”.