A juicio de esta asociación, "el descrédito de las entradas y registros domiciliarios viene dado, fundamentalmente, porque en muchos casos los mandamientos se encuentran impresos y se dejan firmdos para que el funcionario de turno rellene los mandamientos con los datos que le dicta el policía que solicita la autorización".

Asimismo, ha vuelto a pedir a todos los secretarios judiciales que asistan a estas diligencias siempre que cuenten con la pertinente autorización.

La UPS considera que la asistencia de este colectivo a los registros supone una garantía constitucional "de la que no se puede privar al justiciable".

Sin embargo, añaden que ante el riesgo físico que supone el cumplircon esa función, el Ministerio de Justicia debe dotar a los secretarios con los medios humanos, económicos y materiales que la situación requiere.