La nueva normativa permite sancionar con hasta un millón de pesetas el mero conocimiento u obtención de una fotocopia de un documento secreto por un periodista, y hasta con cien millones si los datos son publicados.

El Ejecutivoremitirá el caso a la Justicia si cree que la publicación de una información que revela secretos oficiales es delictiva, pero en el supuesto de que no haya condena la Administración podrá continuar el procedimiento sancionador a partir de los hechos probados en la sentencia.

Asimismo, el texto normativo que prepara el Gobierno crea la figura de la Autoridad Nacional de Seguridad, que será ejercida por un miembro del Ejecutivo y que tendrá entre sus obligaciones la de notificar a los directores de los edios la naturaleza secreta de un asunto, cuando prevea su posible publicación.

También se nombrará una Autoridad Nacional Delegada, dependiente funcionalmente de la Audiencia Nacional, que llevará el Registro Central de las materias clasificadas secretas.