Las cooperativas agrarias entienden que estas irregularidades suponen una competencia desleal para las producciones españolas. Por ello, exigen a la Administració que sea escrupulosa en el cumplimiento de toda la normativa vigente en materia vitivinícola, alimentaria, fiscal, sanitaria y de transporte en las importaciones de vinos.

En concreto, las cooperativas vitivinícolas exigen que el vino de terceros países salga al mercado correctamente etiquetado, "con una clara mención de su procedencia, en la que se indique el país de orgien y si ha sido mezclado con otros vinos, así como de todos los parámetros de calidad correspondientes al tipo de producto de que s trate".

Las cooperativas españolas entienden que el incumplimiento a la hora del correcto etiquetado no sólo perjudica al sector productor nacional -"un sector ya fuertemente castigado por la sequía y por las políticas de la EU"-, sino que también supone un fraude a los consumidores españoles.