El real decreto-ley se aprobó el pasado viernes en un Consejo de Ministros extraordinario y se someterá este jueves a su tramitación parlamentaria.

Sedigas aseguró que el texto da “una respuesta necesaria y proporcionada ante el actual contexto internacional” y recalcó que “incorpora actuaciones relevantes para mitigar el impacto inmediato de esta situación sobre consumidores y el tejido productivo”.

Además, la patronal gasista también reconoció que el marco regulatorio español tiene capacidad para responder con agilidad ante perturbaciones externas de esta naturaleza.

PROTECCIÓN A LA INDUSTRIA

Sedigas aplaudió la flexibilización temporal de los contratos de suministro de gas natural, que permite a los consumidores industriales adaptar el caudal contratado, modificar el escalón de peaje o suspender temporalmente el contrato sin incurrir en costes adicionales hasta el 31 de diciembre de 2026.

A su juicio, esta medida ya demostró su eficacia en episodios anteriores de tensión energética y ahora volverá a ofrecer a las empresas la seguridad necesaria para gestionar una reducción de actividad productiva sin cargas contractuales desproporcionadas.

Por otro lado, la asignación extraordinaria de capacidad de almacenamiento subterráneo a canon cero se presenta como “una medida adecuada por su impacto inmediato para la seguridad de suministro”, ya que incentiva el llenado voluntario adicional y refuerza la resiliencia del sistema sin comprometer las obligaciones regulatorias.

Sedigas pidió que esta medida se implemente con los márgenes de flexibilidad previstos en la normativa europea en relación con la gestión de los almacenamientos, especialmente en el actual entorno de alta volatilidad de precios.

En este sentido, recordó que España cuenta con una posición de partida sólida que permite abordar este enfoque con plenas garantías de seguridad de suministro.

MEDIDAS FISCALES

El real decreto-ley aprobado el viernes pasado incluye medidas estructurales para impulsar la transición energética y medidas coyunturales, como las fiscales, para aliviar el impacto inmediato de la guerra en Oriente Medio.

Sedigas consideró “necesarias” medidas como el mantenimiento de tipos impositivos reducidos en el Impuesto sobre Hidrocarburos para el gas natural y la aplicación del IVA al 10% hasta el 30 de junio de 2026.

De esta forma, se podrá contener el coste energético de los hogares, con especial atención a los más vulnerables, y para preservar la competitividad de la industria intensiva en energía.

No obstante, llamó la atención sobre la vigencia limitada al primer semestre del año de estas reducciones fiscales. A su juicio, la duración y la intensidad del conflicto es incierta, y ese límite temporal “introduce un elemento de incertidumbre” para la planificación familiar y empresarial más allá del 30 de junio.

Por esta razón, Sedigas solicitó al Gobierno que, en función de la evolución de los precios, evalúe con suficiente antelación la necesidad de prórroga de estas medidas.

GASES RENOVABLES

Como parte de las medidas estructurales, el sector señaló que el establecimiento de objetivos anuales obligatorios de penetración de biometano en la venta y consumo de gas natural representa “un avance significativo” hacia la integración de los gases renovables en el sistema energético.

Sedigas valoró que se haya optado por un mecanismo de obligación similar al ya existente para biocarburantes en el transporte, que ofrece predictibilidad regulatoria a los inversores y sienta las bases para el desarrollo de un mercado doméstico de biometano. Así se contribuirá de forma simultánea a la descarbonización y a la diversificación de fuentes de suministro.

No obstante, el sector pidió que se establezca un calendario de objetivos escalonado, ambicioso y con suficiente horizonte temporal. Además, los criterios del sello de excelencia social, territorial y ambiental deben definirse de manera clara, proporcional y no discriminatoria, de modo que no generen barreras innecesarias al desarrollo de nuevas instalaciones.

Asimismo, Sedigas apuntó que la consideración de la red básica de transporte de gas natural como infraestructura energética estratégica aporta seguridad jurídica a las inversiones en infraestructura gasista y consolida el reconocimiento del papel estratégico de estas instalaciones en el sistema energético español.

Por otro lado, el sector gasista también aplaudió la ampliación del Sistema Nacional de Obligaciones de Eficiencia Energética (Snoee), con la incorporación como sujetos obligados a los consumidores directos en mercado de gas natural por la parte de sus consumos no suministrados a través de un comercializador.

“El sector valora que se corrija así una asimetría que permitía a determinados grandes consumidores industriales eludir su contribución al Fondo Nacional de Eficiencia Energética simplemente adquiriendo energía directamente en los mercados organizados”, expresó Sedigas en su comunicado.

En materia de hidrógeno renovable, el real decreto-ley da un paso administrativo necesario y urgente para desbloquear los proyectos de infraestructura de hidrógeno de interés común europeo contemplados en el Pniec.

El sector valora esta medida como una señal clara de que el impulso al hidrógeno renovable no se detiene, y reclama que la definición del marco regulatorio permanente se produzca con la mayor celeridad posible, dotando al sector de la seguridad jurídica necesaria para atraer las inversiones que estos proyectos requieren.