La ministra Elma Saiz subrayó la necesidad de “recordar a las 38 mujeres asesinadas este año y a las 1.331 desde 2003”, y destacó que estos espacios pretenden convertirse en “lugares seguros” para que las víctimas puedan denunciar violencias machistas aprovechando la capilaridad de la red de oficinas. “Una democracia sana y completa no puede permitir que las mujeres sean asesinadas por el simple hecho de serlo”, afirmó.

El Ministerio recordó que la creación de los puntos violeta fue la primera medida adoptada por el Consejo Asesor de Brecha de Género, puesto en marcha en 2024 para incorporar la perspectiva de género en las políticas del departamento. Esta estrategia se suma a un conjunto de acciones dirigidas a “mejorar la protección de mujeres víctimas de violencia de género y de sus hijas e hijos” en todas las áreas del Ministerio.

El nuevo Reglamento de Extranjería, que acaba de cumplir un año, incluye medidas específicas para facilitar la acreditación de la condición de víctima de violencia de género o sexual, permitiendo un acceso más ágil a permisos de residencia y trabajo por “circunstancias excepcionales”. En 2024 se concedieron 8.129 permisos a víctimas de estas violencias, y en lo que va de 2025 la cifra asciende a 6.491.

El reglamento amplía también las posibilidades de reagrupación familiar, incluyendo a los padres de la víctima, y reconoce “autorizaciones especiales” para víctimas de violencia sexual. Además, los profesionales de los programas de Atención Humanitaria y del Sistema de Acogida de Protección Internacional reciben “formación específica” para detectar y atender adecuadamente estas situaciones.

Desde la entrada en vigor del Ingreso Mínimo Vital (IMV), se han introducido flexibilizaciones dirigidas a víctimas de violencia machista: se elimina el requisito de edad mínima, no se exige acreditar trámites de separación, ni cumplir los plazos de constitución de unidades de convivencia. Una mujer que abandona su hogar por violencia “puede solicitar la prestación sin cumplir los requisitos habituales”, y las familias monoparentales formadas por una madre víctima y sus hijos reciben “un complemento del 22%”.

La Seguridad Social contempla ayudas económicas para víctimas de delitos violentos, incluido el de violencia de género, sin necesidad de justificar precariedad económica en una fase inicial. También reconoce como cotizados los periodos en los que la trabajadora suspende su contrato por ser víctima de violencia de género, y permite el “acceso a la jubilación anticipada involuntaria” en estos casos.

En materia sanitaria, el INSS garantiza la titularidad del derecho a la asistencia a las víctimas sin que dependa del agresor, y extiende la cobertura a sus hijos e hijas.

En caso de fallecimiento de la víctima, la pensión de orfandad absoluta se incrementa del 52% al 70%, y hasta el 118% si hay varios beneficiarios y se cumplen requisitos económicos, y existe una prestación específica cuando no se cumplen los periodos de cotización necesarios. En ningún caso el agresor puede percibir prestaciones vinculadas a sus hijos.

El Ministerio reiteró su compromiso de “situar la igualdad y la lucha contra la violencia machista en el centro” de su acción institucional. “El feminismo y la igualdad están en el corazón de nuestras políticas”, concluyó Saiz, “y la violencia es la primera expresión de desigualdad que debemos combatir”.