Así lo trasladaron fuentes de Seguridad Social tras el Consejo de Ministros de este martes, que indicaron que la meta debería alcanzarse en 10 años en España para que un importante número de trabajadores y autónomos se acojan a este tipo de planes de pensiones. En anteriores intervenciones, el propio ministro, José Luis Escrivá, estimó que podría alcanzarse una cifra aproximada de 10 millones de personas.

Estas fuentes afirman también que la mejora que se seguirá produciendo en el mercado laboral puede hacer que “madure” la negociación colectiva y se puedan tratar nuevas cuestiones en los convenios, como serían alzas salariales en forma de aportaciones a planes de pensiones colectivos.

Por otro lado, Seguridad Social sostiene que la implicación pública en estos planes colectivos puede servir para eliminar los “recelos” que tienen algunos ciudadanos sobre si desde la administración se recomienda un plan de pensiones privado por falta de fortaleza del sistema público.

Desde el Ministerio subrayan que “no hay un gran acuerdo ni un gran desacuerdo” con los agentes sociales sobre esta cuestión, aunque destacan que ha habido un diálogo permanente y se han introducido aportaciones en el proyecto de ley actual respecto del anteproyecto inicial, antes de su fase de audiencia pública.

PESO DE LA NEGOCIACIÓN COLECTIVA

Por ello, se muestran satisfechos con el resultado de la negociación y resaltan desde el Ministerio cambios introducidos en materia de mejora de la negociación colectiva. De hecho, indican estas fuentes ministeriales que “el éxito de la iniciativa va a depender de la negociación colectiva”.

Además, señalan como otra de las novedades que se flexibiliza el límite que puede aportar al plan de pensiones el trabajador. En el texto inicial, el tope se establecía en la cantidad que aportara la empresa y ahora, en las cuantías más bajas, se permite que el empleado pueda superar hasta en 2,5 veces esta cifra.

En cuanto a la gobernanza del sistema, se han recogido aportaciones de sindicatos y patronal para lograr un “resultado equilibrado”. En concreto, se han delimitado mejor las funciones de las comisiones implicadas en el desarrollo y seguimiento de los planes de empleo colectivos y se ha modificado la composición que tendrá la Comisión de Control.

Dicho grupo estará conformado por cuatro representantes de organizaciones patronales, cuatro de sindicatos y cinco de la administración pública.

SOSTENIBILIDAD

En cuanto a las inversiones, se recoge en el texto de forma explícita que estas deben responder a criterios de sostenibilidad y atender a aspectos como los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS).

Por otro lado, desde el Ministerio defienden fijar el coste de la comisión de los planes en el 0,3%, lo que califican de “razonable” y descartan que vaya a tener problemas con las autoridades de Competencia.

Asimismo, el proyecto de ley establece una mejora en la deducción del IRPF para los autónomos. En concreto, este colectivo tendrá derecho una deducción de 5.750 euros al año, más del triple de la vigente actualmente.

Al margen de ello, el proyecto de ley también incorpora incentivos para las empresas, de forma que las contribuciones empresariales al plan de pensiones no cotizarán a la Seguridad Social, con un límite de 115 euros al mes por trabajador (1.380 euros al año), lo que supone un ahorro de casi 400 euros por trabajador.

Por último, sobre la plataforma digital para utilizar estos planes de pensiones, aseguran que será un sistema “sencillo”.