Hasta ahora, quienes eran obligados a devolver prestaciones mal cobradas debían hacerlo en un plazo máximo de 5 años que, en ocasiones, les forzaba a devoluciones mensuales muy elevadas.

Con la nueva normativa, se amplía el límite de tiempo y se garantiza que todos los deudores a los que les sea retenida parte de la prestación mantengan un mínimo de subsistencia fiado en unas 560.000 pesetas anuales, el importe de una Prestación No Contributiva.