Así se lo trasladó el secretario de Estado de la Seguridad Social y Pensiones, Borja Suárez, a CEOE, Cepyme, CCOO y UGT, en la reunión celebrada este lunes al respecto, la primera desde octubre de 2024, y que se produce unos días después de que la Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal (Airef) publicará un análisis sobre IT.

El Observatorio estará integrado por representantes del Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones (Secretaría de Estado de la Seguridad Social y Pensiones, Dirección General de Ordenación de la Seguridad Social, Instituto Nacional de la Seguridad Social); el Ministerio de Sanidad (Secretaría de Estado de Sanidad, Dirección General de Salud Pública y Equidad en Salud, Comisionado de Salud Mental); las organizaciones empresariales CEOE y Cepyme, y los sindicatos CCOO y UGT. Las mutuas y las comunidades autónomas quedarán fuera, aunque ambas son “un actor fundamental”.

Durante su atención a los medios, Suárez explicó que la presencia del Ministerio de Sanidad representa “una expresión reforzada” del compromiso con la recuperación de la salid de los trabajadores.

El secretario de Estado detalló que el Observatorio agregó que el Observatorio tiene “una vocación de permanencia” para hacer “una supervisión continua de la evolución de la prestación de la IT y de la identificación de los problemas”, así como de los cuellos de botella que puedan observarse en ciertas patologías o comunidades autónomas.

Además, señaló que las propuestas realizadas la semana pasada por la Airef están “en muy buena medida alineadas” con las que maneja la Seguridad Social.

“Quizá echamos en falta una mayor atención sobre la dimensión sanitaria que tiene la prestación y cómo el origen de la ralentización en los procesos de reincorporación tiene como causa última una prolongación o un retraso en la realización de pruebas diagnósticas en la atención sanitaria”, agregó Suárez.

La Seguridad Social recordó en un comunicado que la IT “es una prestación enormemente compleja en la que participan distintos actores”. Estos son la Seguridad Social (INSS), como entidad gestora que asume el reconocimiento y el pago; los Servicios Públicos de Salud, dependientes de las comunidades autónomas, cuyos médicos emiten los partes; las mutuas colaboradoras de la Seguridad Social; y las empresas, que son cruciales en la promoción de la salud laboral.

Asimismo, desde este Ministerio señalaron que en la mesa de Diálogo Social de este lunes también se plantearon otras propuestas, como la reincorporación progresiva al trabajo para patologías graves como el cáncer, una vez que la persona ya esté de alta, para facilitar el regreso de la persona a su vida laboral de una forma mucho más compatible con la curación de su enfermedad.

SINDICATOS EN CONTRA DEL INFORME DE LA AIREF

Tanto la patronal como los sindicatos cuestionaron que la Seguridad Social haya tardado más de un año en volver a convocarles para abordar la situación de la IT, aunque cada una de las partes discrepó en el abordaje que hace la cartera de Elma Saiz.

La secretaria ejecutiva de UGT, Cristina Estévez, criticó el informe de la Airef, por su “sesgo”, por señalar a las mujeres “como las que más posibilidades tienen de caer en un proceso de IT” y por cuestionar la reforma laboral.

Además, lamentó que en la reunión de este lunes no se haya abordado “el problema crucial” de la IT, “que es la situación de los servicios de salud”, competencia de las comunidades autónomas, y que ha derivado en un incremento de la duración de los procesos de IT.

“Para nosotros es fundamental trabajar la IT desde la perspectiva de la protección social, pero también desde la perspectiva de la salud, que es primordial”, apuntó Estévez, al tiempo que denunció que la patronal “no acompaña” esa visión.

Por su parte, el secretario de Políticas Públicas y Protección Social de CCOO, Carlos Bravo, también se opuso al informe de la Airef y se planteó cuál era el encargo del Gobierno a la autoridad para recibir “una mera revisión de la evolución del gasto”.

“La incapacidad temporal es una prestación de la Seguridad Social que protege las situaciones de pérdida de la salud de las personas trabajadoras, tanto en atención sanitaria como en prestación económica. Limitar el análisis a una evolución de prestación económica es una es un análisis sesgado y un análisis parcial”, denunció.

Estévez y Bravo aseguraron que una de las ventajas del funcionamiento de la IT era la variedad de actores implicados, que para la Airef representa una debilidad.

Bravo aseguró que los sindicatos no tienen ningún problema en que se refuercen los controles, pero reclamaron que se incrementen las plantillas tanto de inspectores como de los servicios de salud para poder llevarlo a cabo, y que los controles no vayan de la mano de las mutuas.

“No hay ningún problema en reforzar los controles públicos, pero el objetivo fundamental es proteger la salud de las personas. Nadie tiene que estar de baja ni un día más de lo necesario. Nadie tiene que estar de baja ni un día menos de lo que necesita. Y la inversión en sanidad pública tiene un impacto directo en el tiempo de recuperación de la salud”, subrayó desde CCOO.

UN “PROBLEMA DE PAÍS” PARA LOS EMPRESARIOS

La directora de Empleo de la CEOE, Rosa Santos, señaló que la incapacidad temporal es “uno de los problemas más importantes del país”, con cerca de 1,8 millones de trabajadores que no acudieron a sus puestos por un problema de salud en 2025 y unos 9,1 millones de bajas.

“Representa que estamos ante un índice de incidencia que supera casi un 5% a las bajas del resto de Europa, lo que representaría que somos el país más enfermo del mundo. Estamos hablando de 32.000 millones de euros de gasto que la mitad la asumimos las empresas”, expuso.

Santos reconoció que lo primero es que los trabajadores recuperen la salud “cuanto antes y en el menor tiempo posible”, pero avisó que esas situaciones provocan, al mismo tiempo, “costes enormes para el Estado, de costes muy grandes para las empresas”.

Al contrario que los sindicatos, la CEOE coincidió con el informe de la Airef y también defendieron el papel de las mutuas, “cuya transparencia y profesionalidad no se puede cuestionar”.

Por su parte, la patronal se opuso al sistema de altas progresivas que propuso en su día la Seguridad Social.

El Ministerio y los agentes sociales volverán a reunirse el próximo lunes para seguir avanzando en estas negociaciones, y la Seguridad Social se comprometió a volver a enviarles las propuestas.