Estas fuentes señalaron que en las órdenes de detención dictadas por el juez Baltasar Garzón, encargado de la coordinación de la operación, figura, además de un delito de fraude, un delito de financiación con fines terroristas.

A pesar de haber sido detenidos en Barcelona, varios de los paquistaníes arrestados residían en otras partes de España y había acudido a la capital catalana para mantener una reunión, según explicaron desde la Audiencia Nacional.