El Pleno aprobó la decisión con 146 ‘síes’ de PP, Vox y UPN; las 16 abstenciones de Junts, ERC, Bildu, Coalición Canaria y Geroa Bai; y los 91 ‘noes’ de PSOE. El PNV no votó.

El conflicto de atribuciones es un instrumento que está al alcance de los órganos constitucionales del Legislativo –Congreso y Senado– y del Ejecutivo cuando consideran que sus competencias están siendo invadidas por alguna de sus contrapartes.

Se desarrolla en dos partes. En la primera, efectuada hoy, el Pleno del Senado solicita una rectificación en los siguientes 30 días al órgano que considera que ha pisado sus competencias. En este caso, el Gobierno. El asunto podría resolverse si los tres ministros comparecen en las primeras semanas de octubre, antes de que se agote el plazo, aunque fuentes populares sostienen a preguntas de Servimedia que "habría que consultar a los letrados" para ver en qué quedaría el choque.

Si por el contrario se niegan o no responden a la petición, la Cámara Alta tendría en su mano abrir la segunda fase, que consiste en poner el asunto en manos del Tribunal Constitucional para que determine qué parte tiene razón.

Hasta esta legislatura, los conflictos de atribuciones eran una vía prácticamente inusitada, que solo se había utilizado cinco veces en democracia. Sin embargo, tras las elecciones del 23 de julio de 2023, el PP consiguió, por primera vez en 50 años, ser el primer partido de la oposición con una mayoría absoluta en el Senado. Esa condición le ha permitido elevar ya ocho conflictos al TC –nueve si este sigue el mismo camino–.

En esta ocasión, el PP alega que los tres ministros han impedido que el Senado pueda ejercer unas de las atribuciones constitucionales que tiene encomendadas por el artículo 66.2 de la Constitución: la función de control al Gobierno. El Tribunal Constitucional ya tramitó en mayo un conflicto similar por la negativa del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, a comparecer en el Senado por el accidente ferroviario de Adamuz (Córdoba) en el que fallecieron 46 personas.