La encargada de presentar la moción fue la senadora por Melilla Isabel Moreno Mohamed, quien insistió en que ante la entrada masiva de decenas de miles de migrantes en Ceuta, el Ejecutivo no supo estar "a la altura" y que, a día de hoy, la ciudad "sigue pagando la dejación de funciones del Gobierno, con caos, inseguridad y servicios públicos colapsados".

Presentó una iniciativa similar a la planteada la pasada semana en la Cámara Baja y que incluye algunas medidas ya puestas en marcha por el Ejecutivo, aunque añaden dos nuevos puntos: uno para reclamar que se otorgue el carácter de agentes de la autoridad a los militares desplegados y otro para reforzar de manera “permanente” la presencia institucional del Estado en las ciudades autónomas y que, "ante cualquier situación que pueda comprometer su seguridad o la integridad de sus fronteras", esta sea abordada como “cuestión de Estado”.

Entre las medidas que plantean incluyen la ya aprobada (el 25 de agosto) declaración de situación de interés para la seguridad nacional o la activación de los procesos legales para el retorno voluntario o expulsión de quienes accedieron ilegalmente a Ceuta, lo que ya ha ido haciendo el Gobierno con el despliegue de un centenar de efectivos de Extranjería adicionales.

Al mismo tiempo, reclaman “reorientar las relaciones bilaterales con Marruecos” para dejar claro que las ciudades autónomas y los peñones son españolas. Además, entre otros, insisten en llevar a cabo reformas normativas para permitir las devoluciones en caliente de quienes entre ilegalmente a nado, el refuerzo del perímetro fronterizo mar adentro y más medios personales y tecnológicos. Por último, reclaman un plan de reactivación económica para Ceuta y Melilla dotado de, al menos, 650 millones de euros.

Tras cargar contra las "feministas de la izquierda" por estar "calladitas" ante las agresiones sexuales en Ceuta, Moreno insistió en preguntar al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, "qué le debe a Marruecos para que su posición sea de claudicación y de humillación permanente". De nuevo, criticó que el Ejecutivo no hiciese caso a los avisos e informes previos: "No faltó información, lo que faltó fue el Gobierno y fracasó el Gobierno", sentenció. Una idea esta en la que coincidieron el resto de grupos.

ENMIENDAS

A la moción del PP, Vox y Junts presentaron sendas enmiendas, las cuales rechazó el PP. Por un lado, la formación liderada por Santiago Abascal reclamaba, entre otros, que se exija a Marruecos que reconozca la soberanía de España sobre las ciudades autónomas y los peñones e islas del norte de África, convocar al embajador de Marruecos en España y, si continúa la “invasión”, retirar al de España en Rabat. Además de suspender el tratado de amistad con el país vecino y desplegar buques de la Armada. Porque, como incidió el senador Javier Alonso Coronel, aunque aceptaban parte de la proposición del PP, esta se quedaba "corta", por lo que instó a "actuar". Asimismo, instó al PP a no quedarse solo en un "reproche político" y apoyar a Vox para procesar a Sánchez por traición.

REFERÉNDUM

En el caso de la enmienda de Junts, añadían un nuevo punto en el que señalaban que, ante las reivindicaciones de Marruecos sobre las ciudades autónomas, “cualquier solución sobre su futuro político” debe contar “con la voluntad libremente expresada de sus ciudadanos, mediante la celebración de un referéndum”. Algo que defendió el senador Eduard Pujol, quien avisó de que, de no hacerlo, se repetirá la situación, y aprovechó para reclamar el traspaso de las competencias en inmigración a Cataluña. De hecho, tras rechazarse su enmienda, recordó al PP que Marruecos tiene un "primo de Zumosol" que es el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, por lo que les aconsejó "jugar la carta de la democracia".

Desde el PNV, Nerea Ahedo afeó que el PP ha encontrado un "filón" con la crisis de Ceuta y que se debatiera la misma moción que la pasada semana, por lo que avisó de que volverían a votar en contra. Si bien criticó la gestión del Gobierno, hizo extensiva su queja a Europa. Pero también cargó contra el Gobierno de Juan Jesús Vivas por poner trabas a la cesión de espacios de acogida y contra el rechazo a la reubicación de los menores en las autonomías gobernadas por el PP.

María Carmen da Silva, del BNG, señaló tajante que "Marruecos engañó a miles de personas" y que el Gobierno central "actuó tarde y mal". Pero también cargó contra el PP porque, según dijo, su único objetivo es atacar al Gobierno y "no resolver la crisis social" ni el "gran problema que tiene la sociedad de Ceuta".

Por parte de ERC, Joan Josep Queralt señaló que ninguno de los informes previos alertó de la magnitud de la avalancha, aprovechando para señalar que los servicios de información españoles habían "fracasado de forma absoluta". "Es más fácil ver una estelada que ver a 80.000 personas circulando por Marruecos", ironizó. Y criticó al mismo tiempo que muchos ceutíes usan a los migrantes como mano de obra barata. Así, sentenció que la solución pasa por medidas para que los migrantes no tengan que abandonar sus países.

"PARTIDOS DE ESTADO"

En cuanto al PSOE, la senadora María Jesús Álvarez señaló que para dar una respuesta de Estado "hacen falta partidos de Estado" que "no piensen en términos electorales" y "arrimen el hombro", insistiendo en que el Gobierno trabaja para recuperar la normalidad "cuanto antes". Dijo que el Ejecutivo de Ceuta "no ha estado a la altura" y también denunció que las comunidades del PP rechazan acoger a los menores.

La última en tomar la palabra fue la senadora popular por Ceuta, Cristina Díaz, quien defendió que, en referencia a los menores, señaló que lo que quieren es que "vuelvan con sus familias" y, si no es posible, "sea su país el que se haga cargo de ellos".

Así, subrayó que "la incompetencia del débil Gobierno está condenando a Ceuta a vivir en una crisis que pudo evitarse y que sigue sin resolverse". "Nos abandonaron y luego se han escondido", insistió en los mismos términos.