Durante su intervención en defensa de la moción, la senadora María Dolores Etxano explicó que el objetivo era solicitar al Gobierno “reglas claras para una realidad que ya existe que lleva demasiado tiempo esperando una respuesta”, como es la regulación de la comercialización de loterías por canales electrónicos.

“Estamos hablando de más de 10.600 puntos de venta, alrededor de 18.000 empleos directos que forman la red comercial de la Selae, pero que no son sucursales de la Selae, sino en general pequeños negocios vinculados a la Selae por contratos mercantiles que asumen por su cuenta y riesgo todos los gastos derivados de sus negocios, evidentemente también el reto de la digitalización”, abundó.

En este contexto, recordó que, durante más de 20 años, han invertido en páginas web, en aplicaciones y plataformas tecnológicas “no para sustituir la atención presencial, sino para complementarla y seguir siendo competitivos” así como para “adaptarse” a la digitalización también de la venta de lotería.

Tras lamentar que esta “realidad estructural continúa sin una regulación suficientemente clara”, indicó que la “intención” de esta moción es “plantear y solicitar” una regulación, porque “una digitalización sin reglas no es una opción”.

“Y porque debemos asegurar la integridad del juego, equilibrar la protección de las personas consumidoras, el interés general, la actividad económica de quienes integran la red comercial de la Selae”, apostilló.

MARCO LEGAL

A este respecto, admitió que “existe un marco legal, pero falta concretar cómo deben operar las entidades colaboradoras y los canales digitales de los puntos de venta”, convencida de que “esta indefinición es la que genera inseguridad jurídica”.

En este sentido, su moción solicita al Gobierno que inicie trámites para una regulación “específica” que “escuche a las partes” para que responda a la “realidad y a las tecnologías actuales”.

Tras puntualizar que la prohibición de participación de menores, la prevención del fraude, la protección de los consumidores “no es opcional”, explicó que “lo que falta es adaptar y concretar estas obligaciones en el canal digital”.

“¿Quién identifica al comprador y comprueba su edad? ¿Quién custodia el décimo o resguardo? ¿Cómo se registra y reconstruye cada operación? ¿Y qué responsabilidad responde al operador, al punto de venta, a la entidad colaboradora y a la plataforma tecnológica”, se preguntó.

En este punto, defendió que “no parece razonable” que, después de permitir durante años que los puntos de venta inviertan en sus propios canales, “la solución sea obligarlos a abandonar estas herramientas y depender exclusivamente del canal del operador, centralizarlo todo en la Selae”.

“Selae tendrá derecho a desarrollar su plataforma, pero las administraciones también deben poder mantener sus páginas o utilizar plataformas externas autorizadas”, manifestó, convencida de que la regulación debe garantizar la “coexistencia” de esos canales, “preservar la neutralidad” y permitir que cada punto escoja la solución “más adecuada, siempre que cumpla las garantías legales”.

CONTROLES RIGUROSOS

“La existencia de estas plataformas debe ir acompañada de controles rigurosos”, defendió, al tiempo que aseguró que la “facilidad” del canal digital “no puede aumentar el riesgo de fraude, la suplantación de identidad o conductas adictivas” y que la protección de los menores “es una línea roja”.

En la moción también solicitan transparencia en las ventas que hace directamente la Selae y que “toda operación debe ser trazable y debe de quedar claro a qué punto se asigna y qué comisión genera”. Finalmente, cree "necesario actualizar las comisiones que llevan más de dos décadas sin ser actualizadas”, resolvió.

En defensa de enmiendas, por el PP, Esther Basilia del Brío reconoció que “falta un reglamento que regule normativamente esta situación” y explicó que en las seis enmiendas presentadas buscan “reforzar la seguridad jurídica, asegurar el control de la actuación del Gobierno, reforzar la protección a los menores y muy especialmente la necesaria protección frente a los ciberdelitos”.

“España es el segundo país con más atacado por la ciberdelincuencia y no podemos lanzar al consumidor a comprar masivamente lotería online si no tenemos una serie de protocolos mínimos, que, en algunos casos, sobre todo, protejan de problemas en la implantación la suplantación de la identidad o en la manipulación de los propios premios o los accesos no autorizados a las administraciones en línea”, prosiguió en relación a unas enmiendas que fueron rechazadas.

En el turno de portavoces, la senadora ‘popular’, que votó a favor, defendió la lotería como ‘marca España”.

Por su parte, Etxano subrayó que la actual regulación “no protege, deja zonas grises, dificulta la supervisión y permite que las decisiones más importantes dependan de interpretaciones cambiantes o de la posición dominante del operador”.

Por el PSOE, Mario Soler, que no respaldó la iniciativa, advirtió de que, “cuando no existe control, para unos pocos puede convertirse en una pesadilla” y pidió ser “especialmente cuidadosos con la regulación” y expresó su “preocupación” por el futuro de las administraciones ante el “creciente juego online”.

Por último, desde Junts, Teresa Pallarès aseveró que la legislación ha quedado un poco atrás de esta realidad en lo que respecta a la adquisición en canales digitales y puntualizó que hay que dar seguridad jurídica con estos puntos de venta de lotería.