Gracias a la mayoría absoluta del PP en la Cámara, con el apoyo de Vox y UPN, sale adelante una iniciativa que los populares defendían para acabar con "un sistema penitenciario al servicio de los intereses políticos del Gobierno".

La senadora del PP Ana María Beltrán fue la encargada de defender la Proposición de Ley, criticando duramente al Ejecutivo al señalar que "los beneficios a los presos de ETA no son un error, no son una casualidad, no son un matiz técnico, son una estrategia que se basa en vaciar la ley para llenar las urnas". E insistió en que la iniciativa que presentaban buscaba "cerrar una grieta que el Gobierno ha convertido en una autopista para la impunidad".

En concreto, denunció que "el Gobierno ha permitido que los condenados por terrorismo pasen del primer al segundo grado sin demostrar arrepentimiento, sin desvincularse de la organización y sin pedir perdón". Algo que, apuntó, tiene como resultado que "entra en segundo grado quien no ha dado un solo paso moral. Desde ahí se abren permisos y traslados a cárceles cercanas a su entorno en el País Vasco y en Navarra". "Esto hay que pararlo ya", sentenció.

Por ello, defendió su iniciativa, que incluye que, para la progresión de grado, el preso debe "haber abandonado los fines y los medios terroristas", además de "colaboración con las autoridades policiales y judiciales en el esclarecimiento de los delitos pendientes de resolver". Y que "cuente con la autorización del juez de vigilancia penitenciaria con carácter previo y no posterior, como hasta ahora". Así, dijo, se cumplirán "todos los requisitos de arrepentimiento y colaboración" y desaparecerán los "beneficios exprés".

"Hoy votamos si la ley sirve a España o si sirve a los pactos del Gobierno. Hoy votamos si honramos a las víctimas o si las convertimos en moneda de cambio", zanjó para pedir el apoyo de los senadores, pese a que el PP cuenta con mayoría absoluta en la Cámara Alta.

En contra se expresó el PSOE, que, en boca de la senadora María del Lirio Martín, criticó que la medida del PP "no busca resolver problemas sociales, sino defender un modelo de retroceso legislativo sin atender a una necesidad real, porque no existe esa necesidad". Y afeó a los populares su "absoluto desconocimiento de los conceptos legales más elementales, pues confunden traslados penitenciarios con beneficios penitenciarios".

"Tenemos una normativa que, tal y como está concebida, es adecuada y equilibrada y no requiere reforma alguna", señaló mientras defendía que "cualquier tipo de endurecimiento como el que propone el Partido Popular supone más un cálculo de tipo electoral que atender a una necesidad real y socava los principios constitucionales".

"LÓGICA"

Una medida "lógica", apuntó la senadora de UPN María Caballero, quien denunció al respecto que, tras conocerse "el pacto del caserío", ya saben "que las cesiones a los presos ya están todas hechas". De ahí que lamentara que las modificaciones planteadas por el PP "servirán para muy poco, porque ya todos gozan de los beneficios penitenciarios".

Más dura con el Ejecutivo se mostró la senadora de Vox Paloma Gómez, quien apuntó que "Sánchez acudió a la desesperada para reunirse con Otegi", en un un acto que "no solo refleja la obsesión de Sánchez por el poder, sino que también es una demostración más de qué carece de la más mínima ética política al abrazarse a un condenado por terrorismo, es decir, al brazo político de ETA". Y añadió que "se olvida de las víctimas y se olvida de las personas que fueron asesinadas por estos terroristas".

Mientras, desde el PNV, Estefanía Beltrán de Heredia hizo hincapié en que "todos los casos de las personas condenadas por terrorismo que actualmente están en libertad o en tercer grado han pasado el filtro de la Fiscalía o de los órganos judiciales", criticando así una propuesta que "trasluce una falta de respeto a los profesionales penitenciarios y a quienes integran las juntas de tratamiento", además de "a todas aquellas personas que velan en última instancia por la legalidad penitenciaria, como es el Juzgado Central de Vigilancia Penitenciaria y también la Audiencia Nacional".

"Las víctimas no están pidiendo venganza, piden justicia. Y esta propuesta que ustedes traen aquí rezuma venganza", sentenció la senadora vasca, dejando claro que su formación no utilizará a las víctimas como "arma política".

Por su parte, Joan Bagué, de Junts, también rechazó la iniciativa con unos motivos similares: "No busca mejorar el texto, sino instrumentalizar políticamente el sufrimiento de las víctimas".

Un voto en contra que también anunció Bildu al asegurar Idurre Bideguren que la propuesta del PP "vulnera derechos, principios básicos que deben regir en cualquier Estado de derecho", remarcando que, "más de una década después del fin de la actividad armada, la sociedad vasca no quiere más excepciones ni castigos selectivos".

"BARBARIDADES"

Por otra parte, el senador socialista José María Oleaga exigió al PP "más contención y prudencia a la hora de decir las barbaridades" y destacó que "la Ley General Penitenciaria es una ley plenamente constitucional". Al mismo tiempo, argumentó que la iniciativa planteada supone "insultar a todos los funcionarios y a las funcionarias que hacen su trabajo con profesionalidad".

Por último, Fernando Martínez-Maíllo criticó, al igual que su compañera Beltrán, "que haya progresiones de grado sin que se pida perdón. No se colabora con el con el esclarecimiento de los de los crímenes todavía pendientes de esclarecer". Y denunció, al mismo tiempo, que "el 80% de los presos de ETA que había en el año 2018 en las cárceles vascas y el resto de España ya está en la calle". Y se dirigió a Bildu para afirmar lo "generosa que ha sido la democracia" con ellos.

Para concluir, insistió en que no buscan "venganza": "Queremos simplemente justicia y que se aplique la Ley Penitenciaria tal y como es y que no se utilice. Que no se utilicen los vacíos y las lagunas penitenciarias para conseguir beneficios penitenciarios para el conjunto de los presos de ETA". Algo que tacó de "indignidad".