En concreto, de acuerdo con los datos recabados por Servimedia, la vicepresidenta primera y responsable de Hacienda, María Jesús Montero, fue reprobada el 9 de abril; el titular de Transportes, Óscar Puente, el 28 de mayo y el 16 de septiembre, y la responsable de Sanidad, Mónica García, el 16 de diciembre.

En los cuatro casos, las iniciativas fueron impulsadas por el PP, que atribuyó a Montero la presión fiscal y no impulsar una financiación autonómica justa; a Puente problemas con el tren y una actitud retadora; y a García un desempeño negligente y no coordinar a las distintas administraciones.

Montero, en el debate del 9 de abril, fue censurada por 147 apoyos a favor, 108 en contra y 6 abstenciones. Los motivos de censura incluyeron tanto el "incumplimiento de sus obligaciones en materia presupuestaria y de financiación autonómica", como también "someter a los ciudadanos a un constante incremento de la carga fiscal" además de sus "descalificaciones públicas en relación con la labor de jueces y magistrados". Significativamente, la titular de Hacienda decidió no comparecer en el hemiciclo durante la jornada de votación.

​Una de las senadoras populares encargada de defender la iniciativa fue la portavoz popular, Alicia García, quien planteó públicamente que era momento de que la ministra renunciase a sus funciones. García expresó que esta miembro del Ejecutivo de Pedro Sánchez debía "abandonar el cargo", al tiempo que afirmó que "ha exprimido a impuestos a los españoles". El esfuerzo fiscal está disparado, la mitad de los salarios se los queda Sánchez y Montero", remarcó.

PRESIÓN TRIBUTARIA INSOPORTABLE

García precisó que "los ciudadanos están viendo cómo desaparece su dinero en impuestos, mientras que los servicios públicos se deterioran". Desde esta óptica, criticó al Ejecutivo por transformar la administración de Hacienda en un mecanismo de extracción de fondos sin conexión alguna con las inversiones requeridas en sectores clave como educación, sanidad y obras públicas, rechazando así las defensas del PSOE que apelaban al refuerzo de políticas asistenciales y redistributivas que justificarían mayores ingresos tributarios.

Apenas tres semanas después, el 28 de mayo, la Cámara Alta censuró al responsable de Transportes mediante una nueva moción del PP. El resultado de la votación fue de 149 votos favorables, 102 contrarios y 9 abstenciones. Los reproches se centraron en el aumento de problemas operacionales en las redes de trenes, que incluían retrasos sistemáticos, cancelaciones y fallos en la prestación del servicio a los usuarios.

​La portavoz popular encargada de argumentar la reprobación fue Cristina Casanueva, quien manifestó que "España vive una crisis ferroviaria sin precedentes. Un colapso que no es fruto del azar, sino del abandono sistemático del mantenimiento". Desde su perspectiva, el ministro Puente había adoptado una estrategia de "minimizar los hechos, desviado responsabilidades e, incluso, culpado a supuestos sabotajes, de lo que es claramente una gestión desastrosa de un Gobierno en descomposición". Casanueva puso énfasis en una cifra que consideró reveladora sobre la deficiencia administrativa: "2.000 millones de euros de inversión ferroviaria no ejecutados demuestran la incapacidad total" de Puente para dirigir la cartera y conservar una red ferroviaria operativa.

​"MACHISMO, MATONISMO E INCOMPETENCIA"

A juicio de la senadora, la infraestructura de transporte sobre raíles necesita un programa continuo de revisión, mejora y sustitución de equipamientos obsoletos, tarea que el Gobierno no ha llevado a cabo, permitiendo que se deterioren progresivamente los sistemas de circulación, vías y dispositivos de control, explicando así los incidentes diarios que afectan a centenares de miles de desplazamientos.

Poco más de tres meses después, el pleno del Senado volvió a someter a votación una nueva moción contra el mismo titular de Transportes, el 16 de septiembre, en esta ocasión enfocándose en el comportamiento de Puente más allá de su gestión de infraestructuras. En este caso, la iniciativa de los populares contó con el voto afirmativo de Junts y la abstención de ERC.

​Durante el debate, la senadora del PP Asunción Mayo reprochó a Puente su "machismo, matonismo e incompetencia", particularmente vinculado a comportamientos públicos y sus opiniones en redes sociales. Otro representante popular, Juan José Sanz, calificó a este integrante del Ejecutivo de "inútil, despreciable, vil y miserable".

​"BULOS Y MENTIRAS"

Esta dureza verbal fue justificada por lo que consideraban risas y burlas de Puente hacia hechos graves, concluyendo que "es imposible hacerlo peor, no puede ser solo incompetencia". Por su lado, los parlamentarios de Vox solicitaron directamente su cese inmediato y la disolución de las cámaras. La formación de ERC optó por rechazar esta reprobación, ya que las responsabilidades sobre la problemática ferroviaria debían repartirse entre distintas administraciones y Gobiernos que han tenido competencias sobre este sector.

​Mientras tanto, los senadores del PSOE salieron en defensa del ministro, presentando estadísticas sobre volúmenes de pasajeros transportados y planes de renovación de material rodante. Estos parlamentarios consideraron que la reprobación constituía una maniobra de desgaste político, afirmando que "los retrasos que a ustedes les pasa con el ministro es que les pone frente al espejo y desmiente sus bulos y mentiras".

Apenas tres meses después del segundo cuestionamiento a Puente, el Senado dirigió su atención hacia la ministra de Sanidad mediante una cuarta moción de reprobación aprobada el 16 de diciembre.​

"CAOS ALARMANTE"

La aprobación contó con el respaldo mayoritario de los escaños del PP junto a los votos de Vox y la formación navarra UPN. Los reproches se relacionaban con limitaciones en la ejecución de políticas laborales para sanitarios, así como acusaciones sobre el uso parcial de órganos de coordinación entre niveles administrativos. Rosa María Romero, senadora del PP, encabezó la defensa de la moción caracterizando la situación como un "caos alarmante" en los servicios de salud españoles.

Según su perspectiva, la ministra ha demostrado "absoluta incapacidad" para dirigir los asuntos de su cartera. Romero fue particularmente crítica en cuanto a lo que consideraba una priorización de cálculos electoralistas, afirmando que "la sanidad no se gobierna utilizando un ministerio para que Mónica García haga su campaña electoral en Madrid: es intolerable. Se gobierna escuchando a quienes salvan vidas todos los días". Para concluir su intervención, Romero pidió que se procediera a la censura de García "por responsabilidad política, por dignidad institucional y porque está en juego la salud, el bien más preciado que tenemos todos los ciudadanos".

​Otro senador popular, Enrique Ruiz Escudero, indicó que el objetivo no era llevar a cabo "un debate genérico sobre el sistema sanitario", sino "una iniciativa de control parlamentario para exigir responsabilidades a quien en dos años ha demostrado una incapacidad manifiesta".

El panorama de cuatro mociones de reprobación aprobadas a lo largo de 2025 pone de manifiesto un período de intenso control parlamentario ejercido por la mayoría senatorial liderada por el PP contra el Ejecutivo de corte socialista.