La iniciativa de los populares partía de un incidente que se registró el pasado 10 de enero en el centro penitenciario de Soria, cuando un funcionario resultó herido grave tras una agresión durante un cacheo rutinario. Trasladando las denuncias del sindicato de prisiones Acaip, el PP aseguró que no es “un episodio aislado ni imprevisible”, sentenciando al respecto que “el sistema está llegando a un punto límite”.

Durante su exposición, el senador del PP por Soria Javier Jiménez puso de relieve que los alrededor de 25.000 funcionarios de prisiones “tienen que seguir yendo a sus puestos de trabajo todos los días en condiciones lamentables”. De hecho, los propios funcionarios ya denunciaron en el Congreso el pasado día 2 que se sienten "abandonados" y que trabajan con "miedo".

En el caso de esta prisión de Soria, el parlamentario popular habló de falta de personal, carencias sanitarias y un “aumento sostenido de la conflictividad”, algo que los propios trabajadores ya denunciaron en muchas cárceles de España. Ante esto, denunció que el ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, “sigue permitiendo una aplicación cada vez más laxa del régimen disciplinario”, por lo que, añadió, los internos no tienen la sensación de que sus acciones “tengan consecuencias y viven en un acomodo de impunidad constante”.

Aquí, dirigiéndose a los parlamentarios socialistas, reclamó el reconocimiento de estos trabajadores como agentes de la autoridad y, en el caso concreto de la prisión de Soria, cubrir “de forma urgente” las tres plazas de médico previstas para evitar recurrir a contrataciones externas, telemedicina o derivaciones hospitalarias, además de "para garantizar los derechos básicos de los presos".

"RELATO ALARMISTA"

Desde Más Madrid, Carla Antonelli cargó duramente contra los populares, acusándoles de “mentir”, ya que, según dijo, Interior ha impulsado “iniciativas legislativas concretas en esta dirección”. Además, criticó que quieren vender “un relato alarmista” sobre el centro soriano.

Mientras, el socialista Marcos Albadalejo siguió la misma línea que Antonelli al considerar que los populares exageran al señalar que el Gobierno no hace nada o que “el sistema está colapsado”.

Según defendió, el Gobierno “está trabajando desde el primer día que llegó en el año 2018” y puso como ejemplo la cárcel de Soria, inaugurada en 2021, denunciando aquí el abandono previo por parte del anterior Gobierno del PP.

Por ello, cargó contra los populares por insistir en que, “cada vez que hay un problema”, lo utilicen “como arma arrojadiza contra contra el Gobierno”. Mostró el apoyo del PSOE y del Ejecutivo a los funcionarios de prisiones y recalcó que desde el ministerio y el Ejecutivo se “sigue mejorando el sistema”.

En su turno de réplica, el senador del PP negó el alarmismo y cargó contra los socialistas por bloquear en el Congreso la tramitación de dos proposiciones de ley que persiguen que los funcionarios de prisiones pasen a ser considerados agentes de la autoridad. Aquí, recordó que en Cataluña, comunidad con las competencias transferidas, los funcionarios ya son agentes de la autoridad.

Eso sí, tajante, sentenció que si esa transferencia de competencias es para cumplir la “voluntad” del Gobierno y que “el 85% de los presos vascos en semilibertad sean de ETA”, Castilla y León "no quiere ese traspaso”.