Fuentes de esta comisión informaron a Servimedia de que, después de anunciar el Supremo su decisión, los senadores fueron informados de que la sesión de este jueves quedaba desconvocada.

Al mismo tiempo, los órganos de la comisión informaron a los parlamentarios de que se abre un plazo hasta el viernes para que los grupos formulen propuestas de comparecientes para un nuevo plan de trabajo. Esta nueva hoja de ruta será aprobada el próximo lunes, 14 de enero.

A este respecto, el vicesecretario de Hacienda, Vivienda e Infraestructuras del PP, Juan Bravo, señaló este miércoles, tras conocerse la decisión del Supremo sobre Ábalos, que sus compañeros del Senado estudiarán la documentación para ver "si se puede" citar al exministro cumpliendo las exigencias del juez Leopoldo Puente.

NO POR VÍA TELEMÁTICA

Bravo añadió que los senadores populares estudiarán lo planteado por el juez en su auto para ver si el extitular de Transportes puede acudir en persona a la Cámara Alta, ya que rechazan que pueda hacerlo vía telemática.

La portavoz de los populares en el Senado, Alicia García, anunció el pasado 30 de diciembre que citaban a Ábalos para el 8 de enero. Para hacer efectiva esta solicitud, el presidente de esta sede parlamentaria, Pedro Rollán, trasladó una petición formal al juez Puente, que instruye en el Supremo parte del ‘caso Koldo’.

En este sentido, el instructor argumentó que no es posible otorgar la autorización ante "la singular premura de la solicitud referida", ya que el presidente del Senado remitió el oficio el pasado 30 de diciembre y fue recibido en la sede judicial el 2 de enero, apenas seis días antes de la fecha prevista.

El magistrado destaca que la premura con la que se formuló la solicitud impide tramitar adecuadamente la petición, especialmente en lo que se refiere a "la imprescindible audiencia previa de las partes" personadas en la causa especial antes de adoptar una decisión sobre la autorización solicitada. También recordó que, en determinados casos, resultará preciso evitar que el paralelo desarrollo de ambas investigaciones "pueda entorpecer, perturbar o provocar graves interferencias en la averiguación o enjuiciamiento de hechos de naturaleza potencialmente delictiva".

No obstante, el auto aclara que la denegación se produce sin perjuicio de que la comisión de investigación pueda reproducir la solicitud en un momento posterior con "tiempo suficiente" para que resulte posible tramitar adecuadamente la petición y dar audiencia a las partes.

ZAPATERO EN LA LISTA

Al mismo tiempo, la portavoz del PP en el Senado, en rueda de prensa el 30 de diciembre, adelantó la citación de José Luis Rodríguez Zapatero para comienzos de 2026 en la comisión del ‘caso Koldo’ para explicar su relación con el rescate de la aerolínea Plus Ultra, algo que se investiga actualmente en la Audiencia Nacional.

La Mesa de la comisión, donde el PP cuenta con mayoría absoluta, se reunió el 30 de diciembre para incorporar formalmente a Zapatero al nuevo plan de trabajo. Sin embargo, no se fijó fecha concreta para su comparecencia, quedando en manos de este órgano decidir los "tiempos" de la citación al expresidente del Gobierno.​

García justificó la citación de Zapatero para que aclare su reunión en El Pardo (Madrid) con Julio Martínez, directivo de Plus Ultra que fue detenido en diciembre por supuesto blanqueo de dinero procedente de la corrupción venezolana mediante el rescate público de la aerolínea.

Otra línea en la que podrían incidir es la operación desarrollada el pasado 10 de diciembre por la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil contra una trama de corrupción vinculada a la SEPI, con 19 requerimientos de información en empresas públicas como Enusa, Mercasa y Sepides. Fueron detenidos Leire Díez, exmilitante del PSOE; Vicente Fernández, expresidente de la SEPI; y Antxon Alonso, dueño de Servinabar.

Se les imputan delitos de prevaricación, malversación, tráfico de influencias, fraude, falsedad documental y organización criminal por amañar contratos públicos y adjudicaciones irregulares, con cobro de comisiones ilegales superiores a 700.000 euros mediante empresas pantalla. Todos quedaron en libertad con medidas cautelares.