La iniciativa contó con 118 votos a favor (del PP, Ciudadanos y Vox, entre otros), 124 en contra (PSOE y PNV) y 21 abstenciones (Esquerra Republicana, Junts y EH Bildu).

La proposición de ley buscaba salvar del derribo edificaciones residenciales o comerciales de núcleos urbanos con valores culturales, históricos o etnológicos que merezcan ser conservados a juicio del ayuntamiento donde radiquen y que obtengan un dictamen favorable de la comunidad autónoma en cuestión; que estén integrados en el entorno costero de forma que su demolición suponga una pérdida de patrimonio cultural, histórico o turístico; y que existan antes de su inclusión en el dominio público marítimo terrestre con ocasión de la Ley de Costas, de 1988.

Esos núcleos urbanos serían excluidos del dominio público marítimo terrestre mediante la práctica del deslinde y se regirían por el régimen de zonas de servidumbre de protección. El Gobierno protegería esas zonas.

Según el PP, existen núcleos de ese tipo como el poblado marítimo de Torre La Sal en Cabanes, 'les casetes' de la Mar de Nules, de Almenara o de Xilxes (Castellón); Puntas de Calnegre, Cabo de Palos y Los Nietos (Región de Murcia); 'Casetes de Vorera' en Menorca; Punta Larga y El Faro en Fuencaliente (Isla de La Palma); El Altillo, Casas Quemadas o La Barranquera (Gran Canaria) o Tufia y Ojos de Garza en Telde (Gran Canaria).

Vicente Martínez, del PP, comentó que la policía acordonó el poblado marítimo de Xilxes en 1989 por la "aplicación rigurosa" de la entonces recién aprobada Ley de Costas para derribar viviendas en ese municipio, del que él es natural. "La imagen de la señora Amelia, vecina de mi pueblo, buscando entre los escombros objetos personales y fotografías me ha perseguido siempre", comentó.

Martínez apuntó que Torre La Sal cuenta con un poblado ibero que acoge un centenar de viviendas que conforman el "paisaje mediterráneo mucho más que cualquiera de las urbanizaciones que lo rodean" y hace un año sus vecinos recibieron una orden de desalojo. Subrayó que hay otros ejemplos de viviendas identificadas como "construcciones propias de la arquitectura de finales del siglo XIX y principios del XX" y sus moradores han contribuido a conservar su "valor patrimonial y paisajístico".

Esa propuesta contó con el rechazo desde la tribuna de oradores de los portavoces del PSOE (Fernando Lastra) y del PNV (María Mercedes Garmendia); el respaldo de los de Ciudadanos (José Luis Muñoz), Vox (Yolanda Merelo) y PRC (José Miguel Fernández Viadero); y la abstención de los de Esquerra Republicana (Vanessa Callau) y Junts (Josep Maria Cervera).